Más de 600 personas se movilizan en estos momentos en el centro de San Nicolás, expresando su descontento por el incumplimiento de la financiación gubernamental en los servicios de salud integral destinados a personas con discapacidades.
Además, se está llevando adelante un paro de tres días –desde el lunes y hasta el miércoles inclusive– en el servicio de prestadores de salud, particularmente de aquellos que abordan las discapacidades; afecta también al transporte de personas con discapacidad.
El punto de inflexión surge de las intenciones del Ministerio de Economía –encabezado por Sergio Massa– de cumplir con las metas fiscales impuestas por el Fondo Monetario Internacional. La semana pasada, la cartera le comunicó a la CGT que el Estado le giraría apenas $1500 millones hasta fin de año al Fondo Solidario de Redistribución (FSR). Ese es el destino de los aportes de trabajadores y empresarios, que luego financian los reintegros de las prestaciones de salud.
Desde el sector gremialista señalan que las prestaciones por discapacidad, los rubros de educación y transporte representan unos $10.000 millones mensuales. Es decir que, aún sin concretar el recorte previsto, el déficit financiero de las obras sociales alcanzaría en diciembre unos $50.000 millones.
Pese a su gran relevancia a la hora de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidades y afecciones en la salud entendida desde una perspectiva integral, los prestadores forman parte de un universo de pésimas condiciones laborales. El promedio de fecha de pagos se ubica entre los 90 y 120 días desde la presentación de la factura, además de ser frecuente la acción de cartas documento para finalmente percibir el dinero por el servicio efectuado. Además de correr con una constante devaluación de los montos por la escalada inflacionaria, quienes trabajan con pacientes con obras sociales que como IOMA y APOS –por fuera de la Superintendencia– perciben valores que rondan los $700 por sesión. Otro gran freno se presenta a la hora de generar los trámites burocráticos para la autorización de las prácticas requeridas por el equipo profesional del paciente.
