Más tasas y menos controles: las críticas al Código Tributario de Poletti

Desde el bloque de Hechos cuestionan la manera de recaudación que ejerce el municipio de Ramallo y la falta de explicaciones sobre a dónde van dirigidos esos fondos.

El Código Tributario 2027 del gobierno de Mauro Poletti vuelve a quedar bajo cuestionamiento por su política de recaudación, los gravámenes que deben afrontar vecinos y comerciantes y las facultades que pretende otorgar al Departamento Ejecutivo. Aunque el incremento nominal previsto ronda el 25%, desde la oposición advierten que el problema no está solamente en los nuevos porcentajes, sino también en los aumentos acumulados de años anteriores y en la falta de explicaciones sobre el destino de los recursos municipales.

El concejal de Hechos, Luis Algasibiur, cuestionó especialmente la continuidad de la tasa del 2% sobre la comercialización de combustibles, creada bajo el argumento de financiar el mantenimiento de la red vial. Para el edil, no existe una relación directa entre quienes pagan el gravamen y el servicio que supuestamente reciben.

“Cada vez que vos ponés una tasa debe haber una relación directa entre el que paga y el servicio que recibe”, sostuvo. Como ejemplo, mencionó a quienes cargan combustible en estaciones ubicadas sobre la Ruta 9 y continúan viaje sin utilizar los caminos municipales. También advirtió sobre el posible impacto en los comerciantes locales y señaló que, según información que recibió de personas vinculadas al sector, algunas estaciones de servicio de Pérez Millán habrían registrado una caída en sus ventas porque transportistas y maquinarias optan por cargar combustible en otros distritos.

El cuestionamiento también alcanza al artículo 121, que habilita al Ejecutivo a establecer regímenes de promoción industrial, comercial, turística y de otras actividades mediante reglamentaciones propias. Algasibiur advirtió que esta disposición podría dejar decisiones importantes en manos del intendente, sin exigir que cada beneficio fiscal pase por el control del Concejo Deliberante.

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“Estamos totalmente en contra de dar cheques en blanco al Ejecutivo”, afirmó. El concejal reclamó que los beneficios tengan reglas claras, establezcan quiénes pueden acceder y bajo qué condiciones, y sean sometidos al análisis del cuerpo legislativo.

Otro punto de conflicto es el tratamiento de las pequeñas y medianas empresas. Si bien el nuevo esquema contempla categorías de $30.000, $60.000 y $90.000 para monotributistas, el edil cuestionó que no se incorporen topes proporcionales para empresas responsables inscriptas de menor escala, que también generan empleo y realizan inversiones.

Pero la crítica más profunda apunta a la administración municipal. Algasibiur consideró que Ramallo cuenta con recursos suficientes y que el problema está en la eficiencia de la gestión y en la utilización de lo recaudado.

“Lo que falta acá es eficiencia en la gestión, en la administración y optimización en la utilización de esos recursos, sin necesidad de meterle la mano en el bolsillo a los vecinos”, expresó.

El cuestionamiento a la tasa sobre los combustibles tiene además un capítulo judicial. El planteo presentado anteriormente continúa pendiente de una resolución sobre la cuestión de fondo, luego de que no prosperara el recurso de amparo inicial. En ese contexto, el concejal ratificó que su espacio acatará las decisiones judiciales, aunque el conflicto podría derivar en nuevas presentaciones si persisten los cuestionamientos sobre la legalidad y la relación entre el gravamen y el servicio que pretende financiar.

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