La pérdida de poder adquisitivo dispara la morosidad
NewsITe
La combinación de salarios que pierden contra la inflación, empleo formal estancado y altos costos de financiamiento viene empujando a cada vez más familias argentinas a una situación de atraso en el pago de sus deudas. Un informe reciente de la consultora LCG, al que accedió Noticias Argentinas, advierte que la morosidad ya se consolida como uno de los principales síntomas de la crisis de ingresos.
De acuerdo con el estudio, el deterioro del poder de compra siguió una trayectoria de fuerte caída, leve recuperación y nuevo estancamiento —incluso con bajas adicionales— que golpeó de lleno la capacidad de repago de los hogares. A esto se suma la merma en el empleo formal, que reduce la estabilidad de los ingresos y vuelve más difícil planificar el cumplimiento de las obligaciones financieras.
En paralelo, las tasas de interés activas se mantuvieron elevadas en términos reales, aun cuando la inflación empezó a moderarse. Las entidades financieras aplicaron spreads más amplios para cubrir el mayor riesgo de incobrabilidad, lo que impidió que los deudores pudieran refinanciar sus pasivos a costos más bajos. El resultado es una “trampa de la deuda” para sectores crecientes de la población.
Datos clave de la radiografía de la mora
El informe revela que cerca del 28% de las personas con deudas figuran en las categorías 3 a 5 de la Central de Deudores del Banco Central, es decir, con niveles relevantes de atraso o situación irregular. Si se observa el conjunto de créditos, el 24,7% presenta algún tipo de demora en el pago.
Medida sobre el monto total prestado, la cartera morosa alcanza al 18%. Ese porcentaje baja al 15,3% cuando se toman solamente los préstamos otorgados por bancos tradicionales, lo que muestra que el problema se acentúa en las financiaciones de menor cuantía realizadas por prestamistas no bancarios, como financieras y algunos proveedores de crédito al consumo.
Tarjeta de crédito para llegar a fin de mes
Uno de los datos que más preocupa a los analistas es el creciente uso de la tarjeta de crédito para financiar gastos corrientes del hogar. Según LCG, la modalidad de pago diferido en supermercados a través de plásticos pasó del 37% al 44% entre 2023 y 2026, reflejando que, para muchos hogares, el salario ya no alcanza para cubrir los consumos básicos sin endeudarse.
La consultora subraya que muchas familias atraviesan “dificultades severas para llegar a fin de mes” y recurren a la financiación como último recurso. Entre los adultos de 30 a 70 años —el segmento donde se concentra la mayor parte del stock de deuda— el atraso de las cuotas deja de ser un problema de mala administración individual y se convierte en evidencia de una macroeconomía frágil.
Por edad, los jóvenes aparecen como los más expuestos a incumplimientos, en buena medida por la fuerte penetración de actores no bancarios, como billeteras virtuales, fintech y plataformas de comercio electrónico, que facilitan el acceso al crédito pero muchas veces con escasa información sobre el costo real del financiamiento.
Préstamos chicos, mora alta y propuestas de solución
Las estadísticas del reporte muestran que la morosidad trepa en torno al 20% en los préstamos de bajo monto otorgados por entidades no bancarias, especialmente en obligaciones por debajo de los $50.000. Estos productos suelen estar dirigidos a sectores de ingresos medios y bajos, que utilizan el crédito para consumos inmediatos y no siempre tienen margen para absorber subas de tasas o caídas del salario real.
Frente a este escenario, LCG plantea que no es recomendable trasladar de manera automática la cartera en mora desde la banca privada hacia el sector público. Según la consultora, una estrategia de este tipo podría incentivar una menor disciplina en la gestión de riesgo por parte de los bancos, al contar con la expectativa de un eventual rescate estatal.
- Impulsar mayor transparencia en las condiciones de los créditos y tasas de interés.
- Fortalecer la educación financiera, en especial entre los más jóvenes.
- Facilitar la vuelta a situación normal sin exigir pagos iniciales excesivos.
- Limitar el “arrastre” de una mala calificación de una entidad a otra.
“Si se hace un salvataje a los deudores, en definitiva, termina siendo un salvataje a los bancos, avalando malas gestiones de riesgo”, advierte el informe.
Como línea de acción, el documento propone trabajar en dos frentes: prevenir nuevos problemas a través de reglas claras y educación, y agilizar la salida de los deudores de la situación irregular. Para esto último, sugiere que el Banco Central revise la normativa de clasificación de clientes, de modo de acelerar el retorno a situación 1 y reducir el peso de las deudas pasadas sobre la vida financiera futura de las personas.
