La pérdida de empleo registrado y el aumento del costo de las coberturas privadas modificaron el mapa de la salud en Argentina. Desde noviembre de 2023, las obras sociales nacionales perdieron más de un millón de beneficiarios y más de 1,2 millones de personas quedaron sin obra social, prepaga ni mutual.
Desde noviembre de 2023, las obras sociales nacionales perdieron 1.028.412 beneficiarios, según datos de la Superintendencia de Servicios de Salud relevados por el Instituto Argentina Grande (IAG). La caída se produce en paralelo con un aumento de las personas que no cuentan con obra social, prepaga ni mutual y que dependen del sistema público de salud.
El retroceso está vinculado principalmente con la caída del empleo registrado, ya que la pérdida de un puesto de trabajo formal no afecta solamente al trabajador sino también al grupo familiar que dependía de esa cobertura. En el período analizado se perdieron más de 235.000 empleos privados registrados y otros 73.000 puestos en el sector público.
Las principales obras sociales también perdieron afiliados
La caída no fue uniforme, pero alcanzó a algunas de las principales obras sociales del país. OSECAC, vinculada a los trabajadores de Comercio, registró una reducción del 20,2% de sus beneficiarios desde noviembre de 2023. OSPRERA, correspondiente a los trabajadores rurales, perdió el 15,9%, mientras que la obra social de los empleados estatales, OSPCN, registró una baja del 19,1%.
También se redujo la cantidad de afiliados de OSPeCon, vinculada a los trabajadores de la construcción, que tuvo una caída del 25,4%, y de OSPe, correspondiente a los trabajadores petroleros, que perdió el 5,1% de sus beneficiarios.
La excepción fue OSDEPYM, la obra social de los monotributistas, que aumentó su cantidad de afiliados un 154% durante el mismo período, en paralelo con el crecimiento del número de trabajadores inscriptos en ese régimen.
Más personas dependen del sistema público
La pérdida de cobertura no se limita al sistema de obras sociales. De acuerdo con datos de la Encuesta Permanente de Hogares, en el cuarto trimestre de 2023 había 9.428.131 personas que no contaban con obra social, prepaga ni mutual. Para el primer trimestre de 2026, esa cifra había trepado a 10.674.416 personas.
Esto significa que 1.246.285 personas más quedaron fuera de la cobertura privada, mientras que la proporción sobre el total de la población pasó del 32% al 35,6%.
El cambio tiene un impacto directo sobre hospitales y centros de salud públicos, que reciben una mayor cantidad de personas que antes contaban con algún tipo de cobertura. Según los datos relevados, en el último trimestre analizado 231.141 personas pasaron a depender del sistema público de salud.
El fenómeno es especialmente marcado entre los jóvenes. Casi la mitad de las personas de entre 15 y 29 años, el 49,9%, no contaba con obra social, prepaga ni mutual y dependía exclusivamente del sistema público. Son 438.790 jóvenes más en esa situación que en el cuarto trimestre de 2023.
El costo de las prepagas, otro factor de presión
A la pérdida de empleo formal se suma el encarecimiento de las coberturas privadas. Desde la desregulación del sector, las cuotas de las empresas de medicina prepaga acumularon un aumento del 460%, frente a una inflación acumulada del 320% en el mismo período, según los datos citados en el informe.
El resultado es un sistema de salud en el que cada vez más personas quedan fuera de las coberturas privadas y deben recurrir a la atención pública.
La combinación entre menor empleo registrado, pérdida de afiliados en las obras sociales y aumento del costo de las prepagas plantea un desafío que excede a las entidades de salud. El cambio en la cobertura de millones de personas también modifica la demanda que reciben hospitales y centros públicos, que deben absorber una mayor cantidad de pacientes en un contexto de recursos limitados.
