Un despliegue de 2.500 agentes, helicópteros y blindados dejó decenas de víctimas y un intenso debate sobre el uso de la fuerza estatal en las favelas de Alemão y Penha.
Río de Janeiro vivió este martes una de las jornadas más violentas de los últimos años. Desde la madrugada, helicópteros, blindados y drones de la policía irrumpieron en los complejos de Alemão y Penha, dos de las mayores favelas del norte carioca, en una operación contra el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil. El saldo provisorio fue de 64 muertos, entre ellos cuatro policías, y 81 detenidos.
El operativo, que involucró a 2.500 agentes, comenzó antes del amanecer con bloqueos vehiculares en las autopistas cercanas y el cierre de avenidas estratégicas. Desde la noche anterior, helicópteros sobrevolaban la zona mientras los blindados avanzaban entre barricadas incendiadas. Los drones guiaron los movimientos de las fuerzas por las calles angostas de las favelas, en un despliegue sin precedentes recientes.
Las autoridades incautaron 42 fusiles de alto calibre y desplegaron treinta vehículos blindados, dos helicópteros, drones de ataque y diez máquinas de demolición para abrir paso por rutas bloqueadas. El objetivo principal fue capturar a “Doca”, líder regional del Comando Vermelho en Penha, y desmantelar una red de tráfico de drogas, armas y lavado de dinero.
Una organización criminal con presencia nacional
El Comando Vermelho nació en 1979 dentro de una cárcel de Río de Janeiro y se consolidó como una estructura criminal de alcance nacional. Se considera una de las dos mayores organizaciones delictivas del país, con una red descentralizada que incluye capos en prisión, lugartenientes en favelas y soldados encargados del control territorial y del narcotráfico.
Su poder se sustenta en el control de barrios donde el Estado tiene escasa presencia. Según la fiscalía coordinadora del combate al crimen organizado, los complejos de Penha y Alemão son “un punto estratégico para el flujo de drogas y armas” por su ubicación próxima a autopistas y accesos logísticos de la ciudad.
El gobernador de Río, Cláudio Castro, calificó el operativo como una “guerra” y aseguró que el Estado “está solo en este enfrentamiento”. Explicó que el narcotráfico posee “armas entregadas por redes internacionales” y que las Fuerzas Armadas rechazaron tres veces su pedido de apoyo con blindados.
Un barrio convertido en campo de batalla
Durante las horas del operativo, la zona norte de Río se transformó en un escenario de guerra urbana. Se registraron intercambios de disparos, explosiones y ataques con granadas lanzadas desde drones insurgentes. Más de 200.000 personas resultaron afectadas por la suspensión de servicios públicos y el cierre de comercios. Las clases fueron suspendidas en 45 escuelas y doce líneas de colectivos debieron modificar su recorrido.
Los vecinos de Penha y Alemão pasaron la jornada entre el miedo y la incertidumbre. Las calles quedaron desiertas y gran parte de las actividades económicas se paralizaron.
Debate por el uso de la fuerza estatal
La magnitud del operativo reavivó el debate sobre los límites del accionar policial en barrios densamente poblados. Organismos de derechos humanos han denunciado históricamente los excesos en las operaciones de seguridad en favelas.
En septiembre de 2025, Human Rights Watch (HRW) alertó que un proyecto de ley en Río de Janeiro podría incentivar el uso letal de la fuerza, ya que otorgaría beneficios económicos a los agentes que disparen a sospechosos, “creando un incentivo financiero para que los oficiales disparen en lugar de arrestar”.
Una investigación previa de HRW, publicada en 2009, ya advertía que muchas muertes en enfrentamientos oficiales correspondían a ejecuciones extrajudiciales y que algunos policías manipulaban escenas para encubrir responsabilidades.
Un patrón de violencia que se repite
No es la primera vez que una operación policial en Río deja un alto número de víctimas. En mayo de 2022, una redada en la favela de Vila Cruzeiro, en el mismo entorno de Penha y Alemão, terminó con 23 muertos y denuncias de civiles alcanzados por el fuego cruzado.
Solo en 2024, alrededor de 700 personas murieron en intervenciones de las fuerzas de seguridad en el estado de Río, un promedio de casi dos por día. Con los 64 fallecidos del martes, la cifra de 2025 se incrementa de manera significativa.
La operación continúa en desarrollo. Las autoridades aseguran que el objetivo es restablecer el control territorial, pero el resultado final dependerá de si el Estado logra capturar a los líderes criminales, reducir la violencia y garantizar investigaciones independientes sobre las muertes registradas.
