Preocupación por el alcance del sistema penal juvenil en el país
Un informe reciente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) reveló que, al 31 de diciembre de 2024, más de 4.000 niños, niñas y adolescentes estuvieron alcanzados por el sistema penal juvenil en la Argentina. Los datos se conocen en medio del debate por la posible baja en la edad de imputabilidad y la inminente llegada de un proyecto de reforma al Congreso Nacional.
Según el relevamiento, 4.119 chicos y chicas estuvieron incluidos en el ámbito penal juvenil. De ese total, 3.249 se encontraban bajo medidas penales en territorio —es decir, sin encierro, pero con intervención judicial—, mientras que 865 permanecían alojados en dispositivos de privación o restricción de la libertad. A ellos se suman cuatro adolescentes con prisión domiciliaria y una persona sobre la que no se dispone de información precisa sobre el tipo de abordaje.
El CNPT remarca que ocho de cada diez menores atravesaron medidas judiciales que no implican encierro, sino programas de acompañamiento y supervisión en articulación con redes sociocomunitarias. No obstante, el informe advierte que, pese a una tendencia general descendente en los indicadores, se registró una leve suba en la cantidad de adolescentes bajo regímenes de privación de la libertad.
Cómo funciona el sistema penal juvenil en el país
De acuerdo con el documento, el sistema penal juvenil contó en 2024 con 174 dispositivos distribuidos en todo el territorio nacional. De ellos, 75 estuvieron destinados a la aplicación de medidas penales en territorio —como seguimientos, tratamientos y controles— y 99 vinculados a distintas formas de encierro. Dentro de este último grupo, 63 correspondieron a privación de la libertad, 27 a restricción de la libertad y nueve a dispositivos de aprehensión especializada.
En relación con los delitos imputados, predominan los hechos contra la propiedad, que representan el 57,1% de los casos. Les siguen los delitos contra las personas (13,9%) y aquellos contra la integridad sexual (7,5%). La foto del sistema, según el CNPT, obliga a revisar tanto las políticas preventivas como las respuestas judiciales y socioeducativas.
Menores no punibles en el sistema y disparidad entre provincias
Uno de los puntos más sensibles del informe es la presencia de menores de 16 años dentro del sistema penal juvenil, a pesar de que la ley vigente establece la imputabilidad a partir de los 16 años. El CNPT registró 48 chicos y chicas de entre 12 y 15 años institucionalizados por razones penales, de los cuales 44 se encontraban en lugares de encierro. En términos legales, estas personas son consideradas no punibles y deberían ser abordadas por los organismos de protección integral de derechos, y no por dispositivos propios del sistema penal.
La tasa nacional de encierro en el sistema penal juvenil fue de 1,8 jóvenes y adolescentes alojados en lugares de encierro cada 100.000 habitantes. Sin embargo, existen marcadas diferencias entre jurisdicciones. Córdoba, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires superan ampliamente esa tasa, y las dos primeras concentran el 75% de la población juvenil privada de la libertad.
Entre los adolescentes considerados punibles, más del 60% de quienes se encuentran con medidas de encierro tenía, en 2024, entre 16 y 17 años. El informe también subraya que más del 30% de los jóvenes que siguen bajo encierro continúan cumpliendo medidas judiciales incluso después de haber cumplido los 18 años. Para el CNPT, estos datos refuerzan la necesidad de fortalecer políticas de inclusión y dispositivos alternativos al encierro, en línea con los estándares de derechos humanos vigentes.
