Un informe oficial reveló que 4.119 niños, niñas y adolescentes estuvieron alcanzados por medidas penales el anteaño pasado, en medio del debate por la baja de la edad de imputabilidad.
Más de cuatro mil niños, niñas y adolescentes estuvieron en conflicto con la ley penal durante 2024 en la Argentina. Así lo indicó un informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que relevó un total de 4.119 chicos incluidos en el sistema penal juvenil al 31 de diciembre del anteaño pasado.
Del total registrado, 3.249 adolescentes se encontraban bajo medidas penales en territorio, es decir, sin privación de la libertad, mientras que 865 estaban alojados en dispositivos de restricción o privación de la libertad. Además, el informe consignó cuatro adolescentes con prisión domiciliaria y un caso sin información precisa sobre la modalidad de abordaje.
El documento se dio a conocer en un contexto de fuerte debate político y social por la baja de la edad de imputabilidad y la inminente llegada del proyecto al Congreso.
Según el relevamiento, ocho de cada diez adolescentes con causas penales no estuvieron encerrados, sino que fueron abordados mediante programas de acompañamiento, supervisión y redes sociocomunitarias. No obstante, el Comité advirtió una leve suba en la cantidad de menores bajo regímenes de encierro, pese a que los indicadores generales muestran una tendencia descendente respecto de años anteriores.
Durante 2024, el sistema penal juvenil contó con 174 dispositivos en todo el país. De ese total, 75 estuvieron destinados a la aplicación de medidas penales en territorio, mientras que 99 correspondieron a situaciones de encierro: 63 de privación de la libertad, 27 de restricción y nueve dispositivos de aprehensión especializada.
En relación con los delitos imputados, el informe señaló que los delitos contra la propiedad representaron el 57,1% de los casos. Les siguieron los delitos contra las personas, con el 13,9%, y los vinculados a la integridad sexual, que alcanzaron el 7,5%.
Menores de 16 años dentro del sistema penal
Uno de los datos más sensibles del informe es la presencia de chicos menores de 16 años en el sistema penal juvenil. Según el CNPT, se registraron 48 adolescentes de entre 12 y 15 años institucionalizados por razones penales, de los cuales 44 estaban alojados en dispositivos de encierro.
Con la legislación vigente, que establece la punibilidad a partir de los 16 años, estos adolescentes son considerados no punibles y deberían ser abordados exclusivamente por el sistema de protección integral de derechos.
La tasa nacional de encierro fue de 1,8 jóvenes privados de la libertad cada 100.000 habitantes. Sin embargo, Córdoba, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires superaron ampliamente ese promedio. Córdoba y Buenos Aires concentraron cerca del 75% del total de adolescentes privados de la libertad.
Entre los jóvenes punibles, más del 60% de quienes se encontraban bajo medidas de encierro tenía entre 16 y 17 años. A su vez, más del 30% continuaba cumpliendo medidas judiciales luego de haber alcanzado la mayoría de edad.
Condiciones de detención y derechos vulnerados
El informe también analizó las condiciones de detención en general y dio cuenta de la persistencia —y en algunos casos profundización— de graves vulneraciones a los derechos humanos en cárceles, comisarías y otros lugares de encierro, tanto en el ámbito federal como en los sistemas penitenciarios provinciales.
Las principales afectaciones relevadas durante 2024 se concentraron en la restricción arbitraria de los vínculos familiares y sociales, las dificultades de acceso a la justicia y las falencias en la atención de la salud. El Comité advirtió limitaciones injustificadas en los regímenes de visita, traslados que alejan a las personas detenidas de sus entornos afectivos y obstáculos para acceder a medios de comunicación adecuados.
En materia de acceso a la justicia, se registraron casos de personas detenidas que no lograron comunicarse con sus defensores, desconocían el estado de sus causas o enfrentaban trabas en la progresividad de la pena. En cuanto a la salud, el informe describió una atención médica deficiente, falta de medicamentos esenciales y respuestas inadecuadas ante derivaciones extramuros.
La información fue recopilada a partir de denuncias de personas privadas de la libertad, familiares y allegados, además de registros propios del CNPT y de los Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura, integrados en el sistema informático SIPRET.
