Un informe de la Fundación Éforo advirtió que seis provincias carecen de Defensoría del Pueblo y que millones de personas no cuentan con una herramienta efectiva para reclamar frente a abusos del Estado o del sector privado. También detectó fuertes desigualdades presupuestarias entre jurisdicciones.
Más de 12 millones de argentinos no tienen garantizado el acceso a la Defensoría del Pueblo, según un informe elaborado por el Observatorio del Control Público de la Fundación Éforo. El relevamiento expuso fuertes diferencias entre provincias, vacancias institucionales y problemas de financiamiento que afectan el funcionamiento de un organismo considerado clave para la defensa de los derechos ciudadanos.
El estudio abarca las 23 provincias, la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre sus principales conclusiones, señala que la Argentina atraviesa una situación crítica a 17 años de la última designación de un Defensor del Pueblo de la Nación por parte del Congreso.
Provincias sin Defensor del Pueblo
El informe indica que seis provincias no cuentan actualmente con la figura del Defensor del Pueblo. Se trata de Mendoza, Salta, Misiones, Entre Ríos, Santa Cruz y La Pampa.
A ese panorama se suma Tierra del Fuego, donde la situación institucional del organismo aparece como incierta. Para los autores del trabajo, esta realidad genera dudas sobre la cobertura efectiva de un mecanismo destinado a proteger derechos y canalizar reclamos ciudadanos.
La ausencia de estas instituciones implica que millones de habitantes carecen de una herramienta específica para intervenir ante posibles abusos o irregularidades de organismos públicos y empresas prestadoras de servicios.
Falta de presupuesto y concentración de recursos
El relevamiento también detectó que siete provincias no cuentan con partidas presupuestarias claramente identificadas para el funcionamiento de las defensorías.
Según el estudio, la existencia formal del organismo no garantiza su operatividad si no dispone de recursos suficientes para cumplir sus funciones. La combinación entre vacancias institucionales y falta de financiamiento agrava las dificultades para garantizar la protección de derechos.
Otro de los puntos destacados es la concentración de recursos. La Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Santa Fe reúnen cerca del 91% de los fondos subnacionales destinados a defensorías del pueblo.
Además, la proyección presupuestaria para 2026 señala que la Defensoría del Pueblo de la Nación contará con una inversión estimada de alrededor de 330 pesos por habitante, una cifra inferior a la de varias jurisdicciones provinciales.
La advertencia de la Fundación Éforo
La directora del Observatorio del Control Público, Carla Pitiot, cuestionó el nivel de financiamiento destinado a estas instituciones y reclamó una discusión sobre el tema.
“Si el discurso es defender a la gente, que se vea en el presupuesto”, afirmó.
La especialista sostuvo además que la Defensoría del Pueblo de la Nación es la que menos recursos destina por habitante en todo el país. Según el informe, provincias como Chaco y Córdoba invierten alrededor de un 50% más por ciudadano que el nivel nacional.
La deuda pendiente en materia de género
El trabajo también analizó la normativa que regula a las defensorías del pueblo en las distintas jurisdicciones.
De acuerdo con el relevamiento, ninguna de las leyes de creación de estos organismos contempla de manera explícita criterios de cupo o paridad de género para la designación de las máximas autoridades.
Para los autores, esta situación evidencia una asignatura pendiente en materia de representación y equidad dentro de instituciones que tienen como objetivo proteger derechos y promover la igualdad ante la ley.
Qué funciones cumple la Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo es un organismo autónomo e independiente cuya misión consiste en actuar como vínculo entre la ciudadanía y el Estado.
Entre sus principales funciones se encuentran la recepción de denuncias y reclamos individuales o colectivos, la investigación del desempeño de organismos públicos y empresas de servicios esenciales, la elaboración de recomendaciones e informes sobre políticas públicas y la promoción de acciones judiciales para la defensa de intereses colectivos.
También desarrolla tareas de difusión y promoción de derechos, además de intervenir en conflictos vinculados con servicios públicos, vivienda, alquileres, consumo, salud, educación y otras cuestiones que impactan de manera directa en la vida cotidiana de la población.
Desde la Fundación Éforo advirtieron que las vacancias, el desfinanciamiento y las desigualdades territoriales debilitan la capacidad de estas instituciones para cumplir su función. Según señalaron, mientras persistan estas diferencias, una parte importante de la población continuará sin acceso efectivo a mecanismos de protección frente a posibles abusos o vulneraciones de derechos.
