Adorni busca más tiempo para responder al fiscal Pollicita
El exjefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, solicitará una prórroga para responder el extenso requerimiento del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien le formuló una batería de unas 20 preguntas vinculadas a presuntas inconsistencias en su patrimonio y el de su grupo familiar, en el marco de una causa por supuesto enriquecimiento ilícito.
Según indicaron fuentes judiciales, el defensor del exfuncionario cercano al presidente Javier Milei pedirá formalmente extender el plazo de 15 días otorgado inicialmente por la Justicia para presentar la documentación respaldatoria de sus ingresos, bienes y gastos. Ese período vence el próximo miércoles 26 de agosto, por lo que el pedido busca ganar margen para compilar y ordenar la información exigida por la Fiscalía.
En los tribunales no descartan que Pollicita acceda a conceder 15 días adicionales para que la defensa pueda responder de manera detallada a cada uno de los puntos observados. Una vez analizadas las explicaciones y los documentos que aporte Adorni, el fiscal definirá si corresponde citarlo a declaración indagatoria o archivar el expediente respecto de su persona.
En el dictamen que dio origen al actual requerimiento, el representante del Ministerio Público destacó que los movimientos económicos reconstruidos hasta el momento muestran una brecha llamativa entre los ingresos declarados de la familia y el nivel de gastos y adquisiciones verificado en el mismo período.
Las cifras bajo la lupa de la Justicia
De acuerdo con la investigación, Adorni percibió 35 haberes durante el tiempo que se desempeñó como jefe de Gabinete. Sumados a los ingresos de su esposa, Bettina Angeletti, el patrimonio del grupo familiar treparía a unos $229.752.283,20. Sin embargo, los gastos registrados en ese lapso habrían alcanzado los $272.820.832,20, lo que arroja una diferencia negativa de $43.068.549 que la fiscalía considera hasta ahora sin justificación suficiente.
A ese desequilibrio se le agregan erogaciones en moneda extranjera por un total de US$ 402.578,12. Para Pollicita, esos desembolsos en dólares tampoco encuentran respaldo en los ingresos lícitos comprobados hasta el momento, por lo que se convirtieron en uno de los ejes centrales del requerimiento enviado a la defensa.
- Ingresos familiares comprobados: $229.752.283,20
- Gastos totales detectados: $272.820.832,20
- Diferencia sin explicación: $43.068.549
- Gastos adicionales en dólares: US$ 402.578,12
El fiscal también puso la mirada en una serie de operaciones particulares, entre ellas los supuestos préstamos otorgados por dos familiares de Adorni, identificadas como Silvia Pais y Norma Zuccolo, que habrían actuado como aportantes de fondos en momentos clave. La Justicia pretende establecer el origen de esos montos y las condiciones en que se habrían otorgado.
Préstamos, bienes y próximos pasos de la causa
Además de los movimientos de dinero, el requerimiento incluye preguntas sobre la compra de un vehículo y sobre inversiones y gastos vinculados a un inmueble ubicado en el country Indio Cuá, en la provincia de Buenos Aires. La Fiscalía busca determinar si esos bienes y desembolsos se condicen con los ingresos efectivamente acreditados del matrimonio.
En este tipo de causas por presunto enriquecimiento ilícito, la carga de la prueba recae en el funcionario investigado, quien debe demostrar que el crecimiento de su patrimonio responde a ingresos lícitos, ya sean salarios, actividades privadas compatibles, ahorros previos, herencias o préstamos debidamente acreditados. Si las explicaciones no resultan satisfactorias, la investigación puede avanzar hacia una imputación formal.
“Los incrementos, adquisiciones y desembolsos reconstruidos que, confrontados con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar, no encuentran hasta el momento explicación suficiente”, advirtió el fiscal Gerardo Pollicita en su presentación.
Con la prórroga que solicitará Adorni, el expediente entra en una etapa clave. De la solidez de la documentación y los argumentos que aporte la defensa dependerá si el caso escala hacia una instancia de indagatoria o si la Justicia considera que no hay elementos para sostener la sospecha de enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete.
