El vocero presidencial Adrián Ravier confirmó que el Ejecutivo iniciará nuevas acciones judiciales contra empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos sin autorización argentina. Las sanciones también podrían impedirles ingresar al RIGI o participar en proyectos como Vaca Muerta.
El Gobierno nacional ampliará las denuncias judiciales contra las empresas que participan en proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en las aguas cercanas a las Islas Malvinas. La ofensiva también alcanzará a directivos, representantes y proveedores relacionados con esas operaciones.
El vocero presidencial Adrián Ravier confirmó la decisión durante una conferencia de prensa en Casa Rosada. El Ejecutivo considera que las compañías desarrollan sus actividades sin autorización de la Argentina y en violación de la Ley 26.659, que regula la explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental.
“Se va a ampliar la denuncia judicial presentada la semana pasada para que alcance a otras compañías. El Gobierno nacional continuará utilizando todos los medios que tenga a su disposición para sancionar e impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que vulneren los derechos y la soberanía de la Argentina sobre las islas”, afirmó Ravier.
Las próximas presentaciones no apuntarán únicamente contra las sociedades comerciales. El Gobierno buscará identificar a directores, gerentes, administradores, representantes y otras personas que hayan intervenido en las decisiones vinculadas con los proyectos petroleros cuestionados.
Restricciones para operar en el país
Ravier explicó que las medidas también alcanzarán a los proveedores que intervengan en la exploración o explotación de hidrocarburos en Malvinas. Según anticipó, las firmas involucradas podrían quedar excluidas de contratos y programas impulsados por el Estado argentino.
“Cualquier empresa, cualquier proveedor que esté asociado a la exploración o explotación en Malvinas no va a poder hacer ningún tipo de acuerdo con el Gobierno argentino”, sostuvo el vocero. Además, señaló que esas compañías no podrían acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ni participar en emprendimientos como Vaca Muerta.
La primera denuncia de esta nueva etapa alcanzó a Navitas Petroleum, sus subsidiarias británicas y las compañías canadienses JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas. El Ejecutivo sostiene que las empresas participan en actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte sin autorización de las autoridades argentinas.
El proyecto petrolero bajo la mira
Las actuaciones se concentran principalmente en el proyecto Sea Lion, un yacimiento ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. El área se encuentra aproximadamente a 220 kilómetros al norte del archipiélago y a unos 450 metros de profundidad.
Navitas Petroleum posee el 65% del emprendimiento, mientras que Rockhopper Exploration controla el 35% restante. Ambas compañías adoptaron a finales de 2025 la decisión final de inversión para desarrollar la primera etapa del proyecto.
El Gobierno argentino considera ilegales los permisos concedidos por las autoridades británicas para explotar los recursos naturales de la zona. Por ese motivo, anticipó que continuará con la apertura de nuevas causas y la ampliación de las denuncias ya presentadas.
