El oficialismo busca aprobar la nueva Ley de Defensa de la Soberanía
NewsITe
En medio de una agenda legislativa recargada y con plazos muy ajustados, el Gobierno nacional reunió en las últimas horas a un grupo de diputados de distintos bloques para intentar destrabar el tratamiento del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional de las Islas Malvinas. La iniciativa, que el oficialismo considera prioritaria, apunta a reforzar las herramientas políticas, jurídicas y de seguridad vinculadas a la causa Malvinas y a la protección de los recursos naturales en el Atlántico Sur.
Según confirmaron fuentes parlamentarias, del encuentro participaron el vocero presidencial, Adrián Ravier, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y legisladores de diversas fuerzas, entre ellas el PRO, el MID y el Partido Justicialista. El objetivo central es llegar con los consensos necesarios al plenario de comisiones previsto para el martes 27 de octubre, donde el oficialismo intentará emitir dictamen para luego llevar el proyecto al recinto.
El tratamiento viene demorado y el calendario juega en contra. El plenario reunirá a las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, y será determinante para saber si el Ejecutivo cuenta con los votos suficientes. Aun en caso de lograr dictamen, en el Congreso son pocos los que se animan a apostar por una sesión inmediata el miércoles 28, la última fecha disponible antes de que noviembre quede prácticamente bloqueado por otras discusiones.
El mes próximo aparece “sold out”: estará dominado por el debate del Presupuesto nacional y atravesado por feriados vinculados a la visita del Papa León XIV, además del impacto en la agenda política local de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Ese combo reduce al mínimo las chances de encontrar una ventana para abordar la ley de Malvinas antes de fin de año.
Un proyecto para endurecer controles y sanciones
El proyecto que impulsa el Gobierno reemplaza la actual Ley 26.659 y amplía de manera significativa el alcance de las prohibiciones. Ya no se limitará a la exploración y explotación de hidrocarburos sin autorización argentina en Malvinas y áreas circundantes, sino que abarcará cualquier aprovechamiento de recursos naturales, renovables o no renovables, que no cuente con el aval de la Argentina. Para quienes participen o cooperen con esas actividades se prevén penas de hasta 20 años de prisión y la inhabilitación para operar en el país.
La iniciativa también crea un registro público de infractores y establece la prohibición tanto para el Estado como para particulares de contratar con las personas o empresas que integren ese listado. Entre las novedades se incorpora la posibilidad de realizar juicios en ausencia para los delitos previstos en la nueva normativa, con el argumento de evitar la impunidad de actores extranjeros que operen fuera del territorio nacional.
Otro eje central es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, los organismos de inteligencia y la Secretaría Legal y Técnica. Este cuerpo será el encargado de coordinar la estrategia en los planos diplomático, militar, económico, jurídico, cibernético y de inteligencia, con especial atención en la protección de infraestructuras críticas.
Medidas excepcionales y redefinición de la Defensa Nacional
El Consejo de Seguridad Nacional quedará facultado para disponer medidas de carácter urgente ante amenazas graves e inminentes. Entre las herramientas previstas se incluyen la restricción de operaciones cambiarias y financieras, el bloqueo temporal de fondos y activos, la suspensión de autorizaciones o contratos con determinados actores, la restricción de importaciones y exportaciones y el aumento transitorio de los derechos aduaneros. Como recurso extremo, y tras agotar un protocolo de actuación, se contempla la posibilidad de derribar aeronaves o hundir buques considerados hostiles.
El texto incorpora además nuevas figuras penales vinculadas al espionaje y la injerencia extranjera en la política doméstica. Se castigará la revelación de secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros, la colaboración con operaciones clandestinas y las acciones –realizadas por cuenta o con financiamiento del exterior– que busquen alterar procesos electorales o manipular a la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación, así como la promoción o el financiamiento de actos de violencia o sabotaje.
En línea con estos cambios, el proyecto redefine las funciones de la Defensa Nacional y habilita su intervención en la seguridad interna frente a amenazas externas, tanto estatales como no estatales. También se incorporan disposiciones vinculadas al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), que permitirán inmovilizar bienes y bloquear operaciones económicas y financieras de quienes sean incluidos en ese listado por su vinculación con el terrorismo.
Financiamiento político y la centralidad de la causa Malvinas
Otra arista relevante de la iniciativa es la regulación del financiamiento de la política. Se prevé la prohibición de aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente, así como de personas jurídicas del exterior, a partidos y campañas electorales en la Argentina. El Gobierno entiende que este punto es clave para blindar los procesos democráticos de posibles influencias indebidas asociadas a intereses estratégicos sobre recursos naturales o territorios sensibles.
Tras la reunión con los diputados, el vocero presidencial Adrián Ravier insistió en que la Ley de Defensa de la Soberanía es una “prioridad” para la gestión y subrayó que la causa Malvinas “es una causa sagrada para los argentinos”. En esa línea, sostuvo que la aprobación de la norma es fundamental para “ejercer presión y defender nuestros derechos” en el Atlántico Sur, reforzando la posición del país frente a la ocupación británica de las islas.
“Esperamos que la semana que viene haya dictamen favorable del proyecto para poder ir al recinto lo antes posible, ya que esta ley es fundamental para ejercer presión para defender nuestros derechos”, expresó Ravier luego del encuentro con legisladores.
Mientras tanto, el oficialismo acelera las negociaciones y busca sumar respaldos en un Congreso fragmentado, donde cada voto cuenta. El desenlace de esta pulseada legislativa definirá si el Gobierno consigue o no dotarse, antes de fin de año, de un nuevo marco legal para encarar la disputa por la soberanía de Malvinas y fortalecer los mecanismos de protección frente a amenazas externas.
