El Gobierno nacional inicia este martes una ofensiva judicial internacional para impedir que empresas británicas avancen con la extracción de hidrocarburos en las Islas Malvinas. Las audiencias se desarrollarán en Alemania hasta el miércoles y la Argentina busca obtener una medida urgente que paralice las actividades previstas para 2027.
La Argentina comienza este martes 10 de noviembre una instancia judicial contra el Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, para intentar frenar la explotación petrolera en las Islas Malvinas. El Gobierno de Javier Milei busca que los magistrados ordenen medidas provisionales que impidan avanzar con el proyecto Sea Lion, impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte.
Se trata de la primera vez que ambos países se enfrentan ante un tribunal internacional por una controversia vinculada con la soberanía de las islas. Las audiencias se extenderán hasta el miércoles 11 de noviembre y estarán centradas en determinar si corresponde suspender las actividades petroleras mientras avanza el procedimiento arbitral iniciado por la Argentina.
El proyecto petrolero que Argentina busca detener
La controversia gira alrededor de Sea Lion, un emprendimiento ubicado aproximadamente a 200 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, donde las empresas proyectan iniciar las perforaciones durante 2027 y comenzar la producción comercial en 2028. El desarrollo contempla la extracción de importantes reservas de petróleo, cuya explotación es rechazada por la Argentina por considerar que afecta sus derechos sobre los recursos naturales del Atlántico Sur.
El Gobierno sostiene que permitir el avance de las operaciones antes de que se resuelva la controversia podría provocar daños irreparables a los derechos argentinos. Por ese motivo, solicita que el Reino Unido se abstenga de iniciar o continuar la extracción de hidrocarburos y evite cualquier medida que agrave la disputa, además de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de protección del medio ambiente marino.
Quiénes representan a la Argentina ante el Tribunal
La delegación argentina está encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, y cuenta con la participación del embajador Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería. También integran el equipo representantes del Ministerio de Economía, la Procuración del Tesoro y la embajada argentina en Alemania, junto con especialistas internacionales en derecho marítimo.
Entre los asesores se encuentra Marcelo Kohen, quien participó en la representación argentina durante el conflicto por la fragata Libertad en 2012. En aquella oportunidad, el mismo tribunal ordenó la liberación del buque argentino retenido en Ghana, un antecedente que el Gobierno considera relevante para fundamentar su pedido de medidas urgentes.
Qué puede resolver el Tribunal del Mar
El reclamo forma parte del arbitraje que la Argentina inició el 28 de septiembre, al amparo de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Como el tribunal arbitral todavía no se encuentra constituido, el país acudió al organismo de Hamburgo para solicitar una intervención preventiva que impida el avance del proyecto petrolero.
Los magistrados deberán evaluar si existen fundamentos jurídicos y condiciones de urgencia suficientes para dictar medidas provisionales. Las alternativas incluyen aceptar íntegramente la solicitud argentina, disponer restricciones parciales o rechazar el pedido, sin que esto último implique necesariamente el cierre del procedimiento arbitral principal.
Desde la Casa Rosada estiman que la resolución podría conocerse entre la segunda mitad de noviembre y comienzos de diciembre. Mientras tanto, el Gobierno mantiene otras acciones contra las empresas involucradas, entre ellas más de 180 comunicaciones dirigidas a compañías vinculadas con los proyectos de explotación y unos 60 procedimientos sancionatorios, aunque todavía no se aplicaron penalidades definitivas.
La disputa judicial representa una nueva instancia dentro del histórico reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas y sus espacios marítimos. La decisión del Tribunal del Mar será determinante para establecer si las empresas pueden continuar con los preparativos de explotación petrolera mientras ambos países mantienen abierto el conflicto jurídico por los recursos del Atlántico Sur.
