Luego de conocerse que la jueza de Garantías decidió elevar a juicio la causa seguida a dirigentes e integrantes del gremio de Camioneros, los defensores de los imputados adelantaron que apelarán la decisión. En el dictamen quedaron delimitados los hechos por los que serán juzgados Cabaleyro, Espíndola y seis empleados de la firma.
De la redacción de EL NORTE
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Durante la semana pasada, se conoció la decisión de la jueza María Eugenia Maiztegui, a cargo del Juzgado de Garantías Nº 3, respecto de la causa por turbación de la posesión y extorsión seguida a los líderes del Sindicato de Camioneros, Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, y a seis de los empleados de la firma denunciante. En el escrito del dictamen quedaron delimitados los hechos por los que los acusados serán llevados al banquillo y por los que podría caberles una pena que oscila entre los 5 y 25 años de cumplimiento efectivo.
En tanto, se supo también que los abogados defensores se encuentran trabajando contra reloj en la apelación que deberá ser presentada antes del vencimiento del plazo de cinco días corridos que tiene la decisión de la magistrada antes de quedar firme. Una vez que adquiera firmeza, sea por el transcurso de ese lapso o por el rechazo del planteo defensista, deberá ser sorteado el tribunal llamado a juzgar donde se radicará la causa.
Luego serán notificadas las partes para que ofrezcan la prueba que será producida en el juicio. Recién después de cumplidos todos los pasos legales será asignada la fecha de realización del debate.
Dentro de las cuestiones que debió resolver Garantías, se encontraban las recusaciones efectuadas por la defensa tanto respecto de la jueza Maiztegui como de la fiscal a cargo de la causa, María del Valle Viviani, y los planteos de cambio de carátula, nulidad y sobreseimiento. La magistrada rechazó todos los argumentos y además consideró “justificada la existencia” de los delitos en grado suficiente como para ser llevados a juicio.
Fernando Espíndola, delegado gremial en San Pedro, y Maximiliano Cabaleyro, secretario general del Sindicato y concejal del Frente de Todos, fueron detenidos el 8 de abril del año pasado. Ambos tienen prisión preventiva dictada. Espíndola, por cuestiones de salud, fue beneficiado con arresto domiciliario por la Cámara de Casación. El resto de los imputados siempre estuvieron en libertad pero ligados al proceso.
La fiscal María del Valle Viviani, a cargo de la Fiscalía Nº 7 de San Pedro, había presentado ante el Juzgado de Garantías el requerimiento de elevación a juicio de la causa por presunto pedido de coimas y posterior bloqueo de la empresa sampedrina Rey Distribución. La parte acusadora consideró reunida la prueba suficiente como para pedir el juzgamiento, lo que fue avalado por la jueza de Garantías.
Las acusaciones
La decisión consideró que “hay elementos de convicción suficientes e indicios vehementes para sostener la acusación de coautoría por los delitos de turbación de la posesión (dos hechos), coacción en grado de tentativa (dos hechos), extorsión (dos hechos) y extorsión en grado de tentativa, todo en concurso real, respecto de Fernando José Espíndola y de Maximiliano Emanuel Cabaleyro. Para los demás imputados los delitos llevados a juzgamiento son turbación de la posesión (dos hechos) y coacción en grado de tentativa (dos hechos) en concurso real, en relación con Carlos Julián Ojeda, Matías Agustín Torres, Edgardo Dimayo, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez y Lucas José Torres.
El primero de los hechos llevados a juzgamiento habría ocurrido el 15 de enero de 2021 cuando, conforme a la acusación, Cabaleyro y Espíndola se presentaron en Bonorino 125 de San Pedro, sede de la Distribuidora Rey, y de forma intimidatoria, violenta y amenazante se colocaron en la entrada y salida de vehículos de la firma impidiendo el normal desarrollo de la actividad comercial, ocasionando un grave perjuicio patrimonial, como forma de presión para lograr que se acepten los reclamos laborales planteados por el sindicato.
El segundo hecho que será debatido habría ocurrido a partir de las 5 de la mañana del día 22 de febrero, cuando los imputados colocaron un motorhome perteneciente a la Asociación del Sindicato impidiendo nuevamente la entrada y salida de vehículos y con un comportamiento agresivo intimidaban a las víctimas. La situación se habría extendido hasta el día 26 de ese mismo mes y habría estado motivada en reclamos laborales como necesidad de infraestructura y seguridad y levantamiento de una sanción impuesta a un empleado.
Más investigación
El tercer hecho en cuestión abarca un período comprendido entre el año 2017 y el 22 de febrero de 2021. La imputación refiere que Cabaleyro y Espíndola personalmente y con la colaboración de personas que actuaban bajo sus órdenes, ideando un plan común, llevaron a cabo actos reiterados de extorsión contra Gustavo y Sergio Rey con el fin de obligarlos a entregar dinero para no paralizar la actividad de la empresa. Estos actos intimidatorios habrían sido realizados a través de amenazas verbales efectuadas de forma telefónica y personal debiendo las víctimas concretar dichos pagos, equivalentes a un salario, tanto en la sede como en otros lugares alejados de la ciudad, siempre en jurisdicción de San Pedro, a los fines de no ser vistos. La acusación continúa afirmando que ante la decisión de no seguir con los pagos llevaron a cabo el bloqueo.
Otro de los hechos que deberán verificarse habría ocurrido entre los días 22 y 26 de febrero de 2021, cuando a raíz del conflicto el contador de la firma, previo ser intimidado y coaccionado por los acusados, debió suscribir un acuerdo. Fue realizado en la sede del Sindicato de San Pedro, lugar en el que le habrían manifestado: “Si no arreglan, vamos a volver a paralizar la empresa con un bloqueo total”. Por lo que ante estos dichos, con la anuencia de los propietarios y ante el temor de un nuevo bloqueo, fueron obligados a suscribir un convenio por una supuesta deuda de diferencias de aportes salariales y obra social por $805.383 que fueron pagados en dos cuotas, cuya primera entrega se efectuó con dinero en efectivo colocado dentro de una caja de galletitas Chocolinas y un cheque de $102.999. El resto se dividió en dos cheques de $355.583 cada uno que ya habrían sido cobrados por el sindicato.
Conforme al escrito del dictamen de elevación a juicio emitido el pasado martes 31 de mayo, todos los hechos relatados configurarían prima facie los delitos de turbación de la posesión y extorsión, cuya pena rondaría entre los 5 y 25 años de prisión de efectivo cumplimiento.
