Los datos se desprenden de un informe elaborado por la Federación Argentina LGBT+ entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año, cuya presidenta, María Rachid, afirmó que el aumento de estos delitos “es exponencial y alarmante”. “Las personas más agredidas de nuestra comunidad son las mujeres trans que viven una violencia estructural por acción y omisión por parte del Estado desde hace siglos”, advirtió.
De la Redacción de EL NORTE
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Según el último informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año, en Argentina ocurrieron 102 crímenes de odio “en los que la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de derechos y la violencia hacia ellas”. Esta cifra implica un incremento del 70% en comparación con el mismo período del año anterior, en el que se habían contabilizado 60 casos.
El informe también da cuenta de que, como ocurre todos los años, las más afectadas fueron las mujeres trans, que representan el 70,6 % de los casos (72); luego le siguen los varones gay cis con el 16,7 % (17) de los casos; las lesbianas con el 6,9 % (7); los varones trans con el 4,9 % (5); y personas no binarias con el 1 % de los casos.
Los datos se desprenden de un informe elaborado por la Federación Argentina LGBT+, cuya presidenta, María Rachid, afirmó que el aumento de estos delitos “es exponencial y alarmante” y advirtió que el crecimiento es consecuencia del mensaje odiante que baja desde el Gobierno nacional.
“Las personas más agredidas de nuestra comunidad son las mujeres trans que viven una violencia estructural por acción y omisión por parte del Estado desde hace siglos. Sobre todo, la violencia física proviene de la fuerza policial y la violencia estructural por omisión en el acceso a sus derechos básicos”, aseguró Rachid.
“VIOLENCIA ESTRUCTURAL”
Por otro lado, el 16,7 % de los casos (17) corresponden a lesiones al derecho a la vida, es decir, asesinatos, suicidios y muertes “por violencia estructural”, que el informe describe como “decesos en los que la vulneración sistemática e histórica de derechos generó condiciones materiales de precariedad que hicieron evitables esas muertes”. El 83,3 % restante de los casos (85) corresponden a lesiones al derecho a la integridad física, es decir, situaciones de violencia física que no terminaron en muerte, que incluyen los intentos de suicidio.
El reporte también señala que el 52,9 % (9 casos) de las lesiones al derecho a la vida fueron hacia mujeres trans. “Estos datos confirman, una vez más, que la violencia hacia la comunidad LGBT+ en Argentina está particularmente dirigida: son las mujeres trans quienes concentran la forma más brutal del odio y la discriminación estructural, expresada en prácticas que continúan arrebatando sus vidas con una saña alarmante”, asegura el informe.
JÓVENES, PERSONAS MÁS AFECTADAS
En relación con las edades de las víctimas —en aquellos casos en los que se logró registrar este dato—, se observa que la franja etaria más afectada fue la de personas de entre 20 y 29 años, que concentra el 45,16 % de los casos. En segundo lugar, con el 19,35 %, se encuentra la franja de 40 a 49 años. Le sigue el grupo de 30 a 39 años, con el 16,13 %, mientras que las franjas de 10 a 19 años y 50 a 59 años representan cada una el 6,45 %. Por último, se registraron casos en los grupos de 60 a 69 años y 70 a 79 años, ambos con el 3,23 %.
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
Los datos relevados evidencian que en el 35,3 % de los casos (36) los hechos fueron cometidos por particulares y en el 64,7 % restante (66), el Estado aparece como responsable directo de estas violencias, de los cuales en 54 (52,9 % del total general): “la violencia fue ejecutada por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones, configurando graves situaciones de violencia institucional”. A su vez, en los 12 casos restantes (11,8 % del total general) “la responsabilidad recae en otros dispositivos estatales no policiales, que contribuyeron de forma directa o por omisión a la vulneración de derechos fundamentales de las personas LGBT+”.
