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viernes, noviembre 22, 2024
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LOS COLECTIVOS EN SAN NICOLÁS, SIN LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD EXIGIDAS POR LEY

PROMESAS INCUMPLIDAS

En 2016 se sancionó una norma provincial que obliga a las empresas de colectivos bonaerenses a instalar dispositivos de grabación dentro de las unidades vehiculares. Sin embargo, a nivel local Vercelli Hnos. asegura que nunca recibieron el subsidio para ello. Ayer el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, anunció que pondrá en funcionamiento un centro de monitoreo para trabajar en su efectiva implementación.

Desde la prestataria local aseguraron que no recibieron ningún dinero extra destinado exclusivamente a la implementación de cámaras de seguridad. IARA CERASI/ EL NORTE

De la redacción de EL NORTE
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En medio del ajetreado clima social y político que se vive en el país tras el asesinato de Daniel Barrientos -colectivero de la línea 620- y la posterior golpiza que recibió el Ministro Sergio Berni por parte de los compañeros del difunto, las condiciones en que se encuentran los choferes y choferesas no tardan en debatirse. En este sentido, de forma instantánea es casi inevitable realizar una comparación con el panorama de nuestra ciudad, en relación a las medidas de seguridad.

Hacia el mes de abril 2018, se reglamentó la ley 14.897 que obliga a las empresas de colectivos provinciales y municipales a instalar cámaras en el interior de sus vehículos de transporte público. Al respecto, voceros del Ministerio de Transporte provincial explicaron a EL NORTE que “a partir de la publicación de la ley, se dispusieron 180 días para llevar adelante la instalación de los dispositivos de grabación. Las empresas tenían un plazo de 12 meses para presentar un plan de adecuación, pero finalmente no prosperó”.

Esto no se cumplió, debido a que las compañías argumentaron dificultades económicas para enfrentar la disposición de las cámaras. Fue recién a mediados de 2019 cuando a un ritmo muy lento empezaron a colocarse las primeras en algunas localidades bonaerenses. San Nicolás claramente no se encuentra entre ellas. Actualmente solo el 25% de los colectivos que circulan por la provincia de Buenos Aires cuentan con estos dispositivos de grabación.

En diálogo con este medio, la directora de la empresa concesionaria del servicio en nuestra ciudad y otros distritos de la región, Lorena Vercelli comentó sobre la ley: “Estábamos en conocimiento, pero nunca lo exigieron firmemente porque sabían que era imposible dentro del complicado contexto en el que nos encontramos las empresas de transporte, sobre todo las del interior”.

Subsidio

“En el 2018 hubo un hecho similar a este cuando era senador y se presentaron varias leyes, que la gran mayoría tenía un objetivo común, incorporar cámaras en colectivos que transmitieran en directo y botones de alerta. Hicimos esa reunión con el ministro Cristian Ritondo, pidió un crédito al Banco Provincia, y pasó el tiempo y el proyecto no se llevó adelante”, indicó Sergio Berni.
Y añadió: “En 2021 el gobernador Axel Kicillof entregó 2.500 millones de pesos que se dieron a través de subsidios a las empresas para colocar las cámaras, la plata estuvo, algunas se pusieron, pero no tienen los chips para transmitir de manera directa”.

Al respecto, Vercelli aseguró: “Ellos nos tienen que pagar subsidios pero muchas veces le cambian los conceptos y uno no se entera. A nosotros no nos llegó una plata extra destinada exclusivamente para las cámaras, pero si ese dinero llegara sería bueno instalarlas en las unidades de transporte”.
“Lo cierto es que para lo único que ese dinero ni siquiera alcanzaría, sería para recompensar la diferencia tarifaria que está bastante lejos de compensarla. Por eso el boleto está cada vez más caro”, agregó sobre el panorama nicoleño.

Del otro lado de la vereda, Tomás Lencina el líder sindicalista de UTA seccional San Nicolás, expresó a este medio: “Son promesas políticas que no cumplieron nunca. Predican lo que no hacen. Ojalá algún día todos los trabajadores tengamos la seguridad de salir de la casa y volver tranquilos”. 

A su vez, en un comunicado la Unión Tranviaria Automotor (UTA) había expresado este lunes: “Exigimos por la seguridad de nuestros compañeros la inmediata colocación de las cámaras ya comprometidas, y reiteradamente solicitadas, de manera inmediata. Además, solicitamos la colocación de cabinas blindadas”.

“No nos importa de qué color sea el uniforme de quien nos cuida, la responsabilidad de la Seguridad es del estado como tal sin distinción de si es Nacional, Provincial, Autónomo, Municipal. El termómetro social no da para más, exigimos se nos cuide”, agregaron.

Acción

Finalmente ayer el Gobierno bonaerense anunció que pondrá en funcionamiento un centro de monitoreo para trabajar con los dispositivos de grabación digital. La decisión se tomó tras una reunión entre funcionarios y dirigentes sindicales llevada a cabo en la Casa de Gobierno de La Plata, con el gobernador Axel Kicillof. Estuvieron el ministro de Seguridad, Sergio Berni; el ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio; el jefe de asesores del Gobierno bonaerense, Carlos Bianco; y el titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández.

“Nos hemos comprometido a armar con la UTA una comisión de seguimiento para poder en marcha la gran mayoría de las cámaras que están instaladas”, dijo a la prensa a la salida del encuentro el ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, quien añadió que espera que “pronto esté en funcionamiento el centro de monitoreo con inteligencia artificial”.

El funcionario añadió además que “las empresas están intimadas desde el 4 de enero a colocar las cámaras que están faltando”. D’Onofrio reflexionó sobre el problema de la inseguridad, y sobre este caso en particular aseveró: “Es muy difícil prever y no es una excusa, que salvajes como estos anden en un auto, crucen a un colectivo y maten a sangre fría a un chofer. Delincuencia cero es muy difícil. El compromiso es que muy prontamente esté este centro de monitoreo funcionando”, concluyó.

Restará aguardar por la acción desde el gobierno provincial que parece haber redoblado su apuesta haciendo hincapié en la ley sancionada a fines del 2016.