La sanción alcanzó a Marta Elena Castañón, responsable de dos registros de Lomas de Zamora, por no transferir remanentes de recaudación. El Ministerio de Justicia ordenó impulsar acciones para recuperar los fondos, con los intereses que correspondan hasta el cobro.

El Ministerio de Justicia destituyó a Marta Elena Castañón, encargada de dos registros automotores de Lomas de Zamora, tras concluir que incumplió la obligación de transferir al Estado fondos remanentes de la recaudación. El perjuicio fiscal actualizado ascendió a $117.246.510,53, sin contar los intereses adicionales que puedan acumularse hasta su recupero efectivo.
La remoción fue dispuesta mediante la Resolución 551/2026, firmada el 12 de noviembre y publicada este lunes en el Boletín Oficial. La medida alcanza a quien estaba al frente del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Lomas de Zamora N° 5 y del Registro Seccional con Competencia Exclusiva en Motovehículos Letra A.
La investigación se inició por depósitos pendientes correspondientes al período comprendido entre julio de 2024 y el 17 de febrero de 2025. Los fondos provenían de las liquidaciones de emolumentos: una parte de los aranceles cobrados por los trámites que pertenece al Estado Nacional desde el momento de su percepción.
El mayor saldo mensual identificado correspondió a agosto de 2024, con $18.994.258,14. También se registraron montos sin transferir por $10.365.253,33 en julio de ese año y por $10 millones tanto en septiembre de 2024 como en enero de 2025.
A esos importes se sumaron $7.539.315,27 de octubre, $7.349.674,10 de noviembre y $8.459.372,65 de diciembre de 2024. Para el período del 1° al 17 de febrero de 2025, la suma pendiente fue de $858.587,17.
La instrucción sumarial había estimado el daño patrimonial en $73.566.460,66 de capital. Posteriormente, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) actualizó el cálculo al 15 de septiembre de 2026 y lo elevó a más de $117 millones, al incorporar intereses y otros componentes de la deuda.
El descargo y los argumentos de la remoción
Durante el sumario, Castañón sostuvo que la falta de depósitos no respondía a una maniobra para apropiarse o desviar recursos. Argumentó que los registros atravesaban un cuadro de desfinanciamiento que le impedía cumplir con los pagos y cuestionó la falta de respuesta a sus reclamos, entre ellos una propuesta para cancelar la deuda mediante pagos escalonados.
La entonces encargada también planteó que otros registros enfrentaban problemas similares y que algunos funcionaban con condiciones más favorables. Entre las diferencias mencionó mejoras arancelarias, beneficios impositivos y distintos esquemas de gastos.
El Ministerio rechazó esa defensa y explicó que la recaudación mensual se divide entre los emolumentos destinados a la retribución del encargado y los gastos operativos, y los remanentes que deben depositarse al Estado. Según la resolución, las dificultades económicas no habilitan a utilizar fondos estatales para compensar desequilibrios de funcionamiento, cuyos gastos integran el riesgo de la función asumida.
Respecto de la existencia de otros casos, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios informó que había 14 seccionales con deudas sobre un universo aproximado de 1.400. De ese grupo, 10 ya estaban bajo sumario administrativo.
El organismo agregó que los registros administrados por interventores de la Dirección Nacional tienen una estructura de gastos diferente, especialmente en alquileres y mobiliario. Por ese motivo, consideró que no podían compararse en igualdad de condiciones con los que están a cargo de titulares externos.
Acciones para recuperar los fondos
La resolución declaró la responsabilidad disciplinaria de Castañón y dispuso su remoción por incumplir las normas que obligan a depositar los remanentes dentro de los dos días hábiles posteriores al cierre de cada mes. Además, ordenó a las áreas competentes impulsar las acciones administrativas y judiciales necesarias para recuperar el dinero, con los intereses calculados al momento de un eventual cobro.
La vía administrativa todavía no está agotada y Castañón podrá recurrir la sanción. A su elección, podrá presentar un recurso de reconsideración dentro de los 20 días hábiles administrativos posteriores a la notificación o un recurso jerárquico dentro de los 30 días hábiles.

