Reunión en Córdoba tras el femicidio de Agostina Vega
Los abuelos de Agostina Vega, la adolescente asesinada en Córdoba, mantuvieron este domingo una reunión reservada con el gobernador Martín Llaryora en la que reclamaron el esclarecimiento total del femicidio y el máximo compromiso del Estado provincial. El encuentro se llevó a cabo pocos días después de que el cuerpo de la joven fuera hallado sin vida en un descampado de Ampliación Ferreyra, un hecho que conmocionó a la provincia y al país.
Miguel y Elizabeth, abuelos de Agostina, contaron que Llaryora les pidió disculpas por no haber estado presente en los momentos de mayor desesperación de la familia, cuando la búsqueda de la adolescente concentraba la atención pública. Según relataron, el mandatario se comprometió a acompañarlos durante todo el proceso judicial y a garantizar que no haya impunidad.
Durante la reunión también participaron el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el ministro de Justicia, Julián María López. Los funcionarios escucharon el reclamo de los familiares, quienes exigieron el “esclarecimiento absoluto” del caso y solicitaron que no se detenga la investigación hasta identificar a todas las personas que hayan tenido participación en el crimen.
Compromiso oficial y avances de la causa
Llaryora prometió poner a disposición todos los recursos humanos, tecnológicos y periciales de la Provincia de Córdoba para acelerar las pericias y fortalecer la actuación judicial. Fuentes cercanas al encuentro indicaron que se enfatizó la necesidad de mejorar los protocolos de búsqueda y protección de mujeres y adolescentes en situación de riesgo, un reclamo que se repite en cada nuevo femicidio.
La causa tiene hasta el momento a un solo detenido: Claudio Barrelier, señalado como principal imputado. El hombre, que era empleado del área de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba, fue desafectado de su cargo tras hacerse público el caso. Según la investigación, mantenía un vínculo cercano con la madre de Agostina, Melisa Heredia, y se investiga si existía entre ambos una relación amorosa.
Barrelier ya contaba con antecedentes penales: estuvo imputado por privación ilegítima de la libertad agravada —un caso de secuestro— y por amenazas. Estos antecedentes reavivaron el debate sobre los controles que se aplican al personal estatal y sobre los mecanismos de alerta temprana ante denuncias previas por violencia.
Pruebas, cámaras y pedido de justicia
Entre las evidencias que lo vinculan al femicidio de Agostina se destacan las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones de su domicilio en barrio Cofico. Las imágenes registraron el momento en que la adolescente desciende de un remís e ingresa junto a Barrelier a la vivienda el sábado 23 por la noche. Además, pericias telefónicas detectaron que el celular del sospechoso impactó en antenas cercanas a la zona clave para la investigación.
Con estos elementos, la familia insiste en que se investigue no sólo al principal imputado, sino también la posible participación de otras personas y eventuales encubrimientos. Organizaciones feministas y de derechos humanos preparan movilizaciones para acompañar el reclamo de justicia y exigir mayor eficacia en las políticas públicas contra la violencia de género.
El caso se suma a la larga lista de femicidios que sacuden al país y reaviva la discusión sobre la necesidad de reforzar las herramientas de prevención, contención y respuesta del Estado frente a la violencia machista. Mientras la causa avanza en los tribunales, la familia de Agostina insiste en que el compromiso asumido por las autoridades se traduzca en resultados concretos.
