La Libertad Avanza acelera un proyecto propio sobre discapacidad
NewsITe
La Libertad Avanza (LLA) resolvió avanzar con un proyecto de ley propio para ordenar el sistema de prestaciones de discapacidad y, al mismo tiempo, intenta desactivar la sesión especial impulsada por la oposición para el 9 de septiembre, donde se busca prorrogar la ley de emergencia en Discapacidad y tratar medidas frente al endeudamiento familiar con bancos y fintech.
Referentes del oficialismo confirmaron que desde hace aproximadamente un mes trabajan junto a la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) en una iniciativa alternativa. A partir de la próxima semana comenzarán a dialogar uno por uno con los bloques considerados “aliados” para evitar que la oposición alcance el quórum necesario en la Cámara baja.
La movida responde a la fuerte instalación pública de dos ejes sensibles: el impacto de los recortes y demoras de pago en las prestaciones para personas con discapacidad, y la situación de miles de hogares sobreendeudados. En LLA admiten que esos temas calaron hondo en la sociedad y que, si no se involucraban, corrían el riesgo de ceder completamente la agenda política a la oposición.
Discapacidad y deuda familiar, en el centro de la pulseada
La oposición, envalentonada tras haber reunido 133 votos en la última sesión, convocó a una nueva reunión del pleno para forzar el emplazamiento de comisiones y fijar un cronograma de tratamiento. El objetivo es extender la vigencia de la ley de emergencia en Discapacidad, que vence el 31 de diciembre, e impulsar una batería de proyectos orientados a aliviar el ahogo financiero de familias que arrastran deudas con entidades financieras y plataformas digitales.
En el oficialismo relativizan el efecto de ese llamado. Fuentes parlamentarias sostienen que, aun si la oposición consiguiera el quórum, el impacto sería limitado porque el propio bloque de LLA ya decidió “autoemplazarse” para debatir iniciativas sobre discapacidad y endeudamiento en las comisiones de Discapacidad y Finanzas, que fueron recientemente activadas.
Desde Unión por la Patria (UxP), en cambio, cuestionan la falta de definiciones concretas del oficialismo. El vicepresidente de la comisión de Discapacidad, Juan Marino, afirmó desconocer la existencia de un borrador oficial y aseguró que insistirán con la sesión convocada. “No creemos nada de lo que venga de este Gobierno”, lanzó, al tiempo que remarcó la necesidad de respuestas urgentes para los beneficiarios.
Gestión de SENADIS: avances, dudas y reclamos
El debate legislativo tuvo como telón de fondo la exposición del secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, quien presentó un informe sobre las acciones encaradas desde su llegada como interventor de SENADIS en agosto de 2025. El funcionario repasó medidas administrativas, cambios en la compra de medicamentos y ajustes en los aranceles para prestadores.
- Convocatoria al Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS) en septiembre de 2025 para revisar la inclusión en el sistema de salud.
- Implementación de un registro web para prestadores del programa Incluir Salud, con el que se buscó evitar la cartelización.
- Llamado a compulsa para la compra de medicamentos de alto costo y aumentos en el nomenclador para prestaciones.
- Firma de un convenio con el sistema SUBE para garantizar transporte público gratuito a personas con discapacidad.
- Definición de nuevos criterios socioeconómicos para otorgar el Certificado Único de Discapacidad.
Vilches remarcó que actualmente hay 1.140 prestadores con convenio activo en Incluir Salud y un padrón de 717.727 personas con discapacidad bajo cobertura. También destacó que se avanzó hacia una cadena de pagos a 60 días de facturación, un plazo que consideró “razonable”, aunque reconoció que persisten casos de mayores demoras.
“Le dimos mucho empuje al tema de la auditoría en terreno. La única manera es vigilar cómo se desempeñan los prestadores en el terreno… Hemos identificado distorsiones, como la inexistencia de centros que debían funcionar en determinados lugares”, señaló Vilches.
Pese al detalle de las acciones oficiales, el funcionario no pudo responder a varias preguntas clave: por qué SENADIS desistió de ser querellante en una causa por presuntas coimas en la gestión anterior, qué ocurrió con fondos destinados a medicamentos de alto costo para personas sin cobertura y cuál es la fecha precisa en la que Economía regularizará los pagos a prestadores. Mientras tanto, obras sociales, prepagas y profesionales advierten por la interrupción de servicios, la baja de pensiones por invalidez y la insuficiente actualización de aranceles frente a la inflación, un cuadro que mantiene en vilo a miles de familias en todo el país.
