LLA exige que Alonso explique la crisis de inseguridad bonaerense

Pedido de informes en la Legislatura por la ola de delitos

Legisladores de La Libertad Avanza bonaerense reclaman la presencia del ministro de Seguridad

NewsITe

La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires presentó un pedido formal para que el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, se presente ante la Legislatura provincial y brinde explicaciones por la crítica situación de inseguridad que atraviesa el territorio. La iniciativa fue elevada tanto a la Cámara de Diputados como al Senado, en un contexto marcado por una sucesión de hechos violentos en el conurbano y decisiones judiciales que reabrieron el debate sobre el sistema penal juvenil.

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El reclamo de la bancada liberal llega luego de la resolución de la jueza Marta Elba Pascual, quien dispuso la suspensión por 60 días del Régimen Penal Juvenil provincial. Para los legisladores de LLA, esta medida, sumada al aumento de robos violentos y homicidios en distintos municipios, agrava la sensación de desprotección entre los vecinos y obliga al Ejecutivo de Axel Kicillof a dar respuestas políticas y operativas.

En el texto de la presentación se indica que Alonso debe precisar qué acciones concretas impulsó el gobierno bonaerense para enfrentar la escalada delictiva. También se pone el foco en la falta de información pública sobre el funcionamiento del sistema de seguridad, desde la dotación de personal disponible hasta las rutas de patrullaje y la existencia de mapas actualizados del delito accesibles a la ciudadanía.

Críticas de LLA a la gestión de Kicillof

El jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense, Sebastián Pareja, cuestionó con dureza la política de seguridad del oficialismo provincial. Según advirtió, en la Provincia “no existen datos claros ni estadísticas completas” que permitan evaluar la eficacia del despliegue policial ni planificar medidas de prevención. En su análisis, atribuyó parte de la crisis a lo que definió como una “mirada garantista” que, a su entender, debilitó las herramientas del Estado frente al delito.

Pareja sostuvo que la situación es “desesperante” y remarcó que el delincuente “no puede conocer mejor el territorio que la Policía”, aludiendo a la ventaja con la que actúan las bandas delictivas en barrios y accesos. “Cada día tenemos un nuevo caso de inseguridad, robos violentos y homicidios”, señaló el legislador, al insistir en que Alonso debe presentarse en la Legislatura para “rendir cuentas” sobre el plan oficial y los resultados obtenidos hasta el momento.

Reclamo conjunto de diputados y senadores

Desde el Senado provincial, el presidente del bloque de LLA, Carlos Curestis, sumó su voz al pedido y afirmó que “los vecinos necesitan seguridad, no discursos”. Describió a la Provincia como “una zona liberada” en la que incluso actos cotidianos, como llevar a los chicos a la escuela, “se volvieron un acto de supervivencia”. A su criterio, el enfoque garantista en materia penal “destruyó el orden” y dejó al ciudadano en una posición de mayor vulnerabilidad.

  • Citación a Javier Alonso para que informe sobre el plan de seguridad bonaerense.
  • Cuestionamientos a la falta de estadísticas, mapas del delito y datos públicos.
  • Preocupación por la suspensión del Régimen Penal Juvenil por 60 días.
  • Denuncia de un escenario de “zona liberada” en distintos puntos de la Provincia.

En la Cámara de Diputados, el titular del bloque de LLA, Juanes Osaba, fue en la misma línea y reclamó que el gobernador Axel Kicillof “dé la cara y comience a hacer algo de una vez por todas”. Cuestionó que, a su entender, hace “más de seis años” que los delincuentes actúan con amplia libertad, dejando a los bonaerenses “rehenes de la inseguridad”.

“Se acabó la impunidad; es hora de aplicar las leyes y dejar en claro que el que las hace, las paga”, enfatizó Osaba, al cerrar el reclamo opositor y exigir que el Ejecutivo provincial brinde definiciones claras sobre el rumbo de la política de seguridad.

Con este pedido de informes, La Libertad Avanza busca instalar el debate en el corazón de la Legislatura bonaerense y presionar para que el gobierno provincial detalle sus estrategias, prioridades presupuestarias y resultados en la lucha contra el delito, en un contexto en el que la inseguridad volvió a ubicarse entre las principales preocupaciones sociales.

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