LLA denuncia un “canal de propaganda” financiado por la Provincia
Bloques de senadores y diputados de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires presentaron un pedido de informes en la Legislatura para que el gobierno de Axel Kicillof brinde detalles sobre una contratación por $2.278 millones destinada a la producción y distribución de contenidos audiovisuales oficiales.
Según el espacio libertario, el proyecto apunta a montar una estructura de comunicación propia del Poder Ejecutivo bonaerense, con alcance provincial y emisión permanente. La oposición sospecha que el esquema podría utilizarse como “un canal de propaganda” del oficialismo, más que como una herramienta de información institucional para la ciudadanía.
El diputado nacional y presidente de LLA en Buenos Aires, Sebastián Pareja, fue especialmente crítico con la iniciativa. Sostuvo que la administración de Kicillof “ya no se conforma con la pauta oficial” y que busca “crear un canal de propaganda propio en seis meses”, en un contexto de fuerte crisis económica y social en el distrito.
“La realidad del abandono y la inoperancia de esta gestión es tan evidente que Kicillof ya se da cuenta de que lo que gasta en pauta oficial no le alcanza. Ahora va por su propio medio provincial y va a despilfarrar los recursos de cada bonaerense cuando las escuelas están cerradas, los policías no tienen herramientas de trabajo y la gente es rehén de una provincia en crisis”, cuestionó Pareja.
Los puntos centrales del pedido de informes
De acuerdo con lo señalado por LLA, el expediente en cuestión contempla la compra y contratación de diversa infraestructura y servicios para sostener la producción y emisión de contenidos. Entre ellos se destacan:
- Unidades móviles y cámaras de seguimiento para transmisiones en exteriores.
- Servicios de filmación con drones para coberturas aéreas.
- Sistemas de transmisión en vivo y equipamiento técnico asociado.
- Un estudio propio para producción, realización y salida al aire de contenidos.
Para la oposición libertaria, este despliegue permitiría instalar una cobertura “prácticamente permanente” de la actividad gubernamental. Por ello, los legisladores reclaman que el Ejecutivo detalle el destino de los recursos, qué medios recibirán la señal generada y cuáles serán los mecanismos de control para evitar un uso partidario de fondos públicos.
Críticas por las prioridades en medio de la crisis
El presidente del bloque de senadores de LLA, Carlos Curestis, remarcó que la comunicación institucional del Estado no está en debate, pero sí la asignación de recursos en el actual contexto provincial. En esa línea, sostuvo que “un gobierno que fracasa en las cuestiones más básicas” no debería comprometer más de $2.200 millones para un sistema propio de difusión.
“Que un gobierno que fracasa en las cuestiones más básicas pretenda gastar más de 2 mil millones para montar una estructura de comunicación propia en medio de la crisis es una vergüenza. Las prioridades están completamente invertidas”, afirmó Curestis.
En tanto, el diputado provincial Juanes Osaba calificó el proyecto como un “delirio insostenible” y vinculó la decisión con la inseguridad, los problemas en el IOMA y los días de clases perdidos por los paros docentes. A su entender, mientras la provincia enfrenta esos frentes abiertos, el Ejecutivo “usa la billetera de los que laburan para financiar su trinchera ideológica y abrir un canal de TV”.
El pedido de informes deberá ahora ser tratado en la Legislatura bonaerense. Desde LLA anticipan que insistirán con el tema para que el gobierno detalle el alcance de la contratación, sus plazos de ejecución y el criterio para la producción y distribución de contenidos, en un debate que vuelve a poner bajo la lupa el rol y los costos de la comunicación oficial en la provincia de Buenos Aires.
