LLA negocia una sesión clave en el Senado para avanzar con su agenda
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La Libertad Avanza (LLA) trabaja contrarreloj para garantizar una sesión del Senado la próxima semana, con el objetivo de tratar un paquete de iniciativas sensibles vinculadas a la propiedad privada, la Ley de Tierras, la denominada Ley Hojarasca y la aprobación de cerca de treinta pliegos judiciales. El oficialismo busca articular acuerdos con bloques opositores para asegurar el quórum y sostener una mayoría circunstancial en el recinto.
Según trascendió en el Congreso, la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, pretendía convocar a sesión este mismo miércoles. Sin embargo, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, decidió citar primero a reunión de Labor Parlamentaria para el miércoles a las 12, lo que en la práctica desplaza la eventual sesión para entre el 15 y el 16 de julio. La diferencia de criterios volvió a evidenciar las tensiones internas entre Bullrich y Villarruel sobre el manejo político de la Cámara alta.
En la Casa Rosada consideran clave que el Senado vuelva a mostrar actividad, en un contexto en el que el oficialismo necesita dar señales de orden institucional y avanzar con su programa de reformas. La apuesta de LLA es que, pese a las diferencias internas, prime la necesidad de aprobar proyectos que considera estratégicos para su hoja de ruta económica y regulatoria.
Reforma de la ley de tierras y eje en la propiedad privada
El punto central del temario será el proyecto sobre propiedad privada y modificaciones a la Ley de Tierras. La versión que llegará al recinto ya no es la original del Gobierno: el dictamen número 13 incorporó cambios relevantes frente al texto impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que proponía flexibilizar fuertemente las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros.
En la redacción acordada se mantiene la prohibición para que empresas privadas con participación de capital extranjero adquieran determinadas tierras, en especial en zonas fronterizas, donde seguirá siendo obligatorio el aval de las provincias, el Poder Ejecutivo nacional y el Congreso. Además, el proyecto introduce modificaciones en materia de desalojos, expropiaciones y uso del suelo tras incendios rurales y de bosques.
En relación con la Ley de Manejo del Fuego, se conserva la valla de 60 años sin posibilidad de cambio de uso para bosques nativos incendiados, tal como establece la norma vigente desde 2020. No obstante, se abre la puerta a destinar a otros usos ciertas tierras rurales afectadas por incendios, lo que genera debate entre organizaciones ambientales y sectores productivos.
Desalojos exprés y cambios en la agenda judicial
Otro de los puntos sensibles del proyecto es el tratamiento de las ocupaciones ilegales. El texto contempla un mecanismo de desalojo acelerado, otorgando un plazo de apenas tres días para la desocupación de inmuebles o terrenos tomados en forma irregular. Para los casos de inquilinos con demora en el pago, en cambio, se fija un plazo de diez días hábiles, intentando diferenciar entre conflictos de vivienda y usurpaciones organizadas.
El paquete legislativo también incluye la aprobación de unos treinta pliegos judiciales. Entre ellos se destaca la prórroga por cinco años del mandato del camarista Víctor Pesino, quien necesita la ratificación del Senado antes de cumplir 75 años el próximo 27 de julio. Además, figura la designación de Juan Rodríguez Ponte, ex secretario del juez Ariel Lijo, para un juzgado federal en Lomas de Zamora, donde tramitarán causas de alto impacto, entre ellas la que involucra al exintendente Martín Insaurralde y a la modelo Jésica Cirio.
Ley Hojarasca: barrer normas obsoletas
En la misma sesión, LLA buscará convertir en ley la denominada Ley Hojarasca, un compendio de derogaciones que apunta a limpiar del ordenamiento jurídico alrededor de 70 normas consideradas obsoletas o superadas por cambios tecnológicos y sociales. El Gobierno defiende la iniciativa como una forma de simplificar la burocracia y actualizar un marco normativo que, en muchos casos, se remonta a la década del 70.
- Derogación de la ley 20.120 de la gestión de Lanusse, que obligaba a informar reuniones públicas en lugares cerrados y facultaba a la policía a ingresar a esos espacios, criticada hoy como una intromisión en las libertades individuales.
- Eliminación de la ley 20.983 de 1975, que exigía a radios y canales de TV dedicar al menos 60 minutos diarios a contenidos de interés turístico nacional, una obligación considerada anacrónica en la era de las plataformas digitales.
La batalla por la propiedad privada y la “limpieza” del andamiaje legal se convirtió en una de las banderas centrales del oficialismo en el Senado, que necesita ahora traducir esa agenda en votos concretos en el recinto.
La sesión que negocia La Libertad Avanza será así una prueba política de peso: pondrá a la vista las alianzas que el oficialismo logra tejer, el nivel de cohesión interna de sus principales referentes y el grado de acompañamiento que encuentra en un Senado clave para el futuro inmediato de su programa de reformas.
