LLA avanza con un pedido de juicio político en la Provincia
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La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires anunció que promoverá un pedido de juicio político contra la jueza en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata, Marta Elba Pascual, luego de que la magistrada dispusiera la suspensión por 60 días de la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, recientemente aprobado por el Congreso de la Nación.
Desde el espacio libertario sostienen que la resolución judicial implica un avance sobre las facultades del Poder Legislativo nacional y “atenta contra una ley sancionada por los representantes del pueblo”. En ese marco, remarcan que la decisión genera incertidumbre institucional y dificulta la puesta en marcha de una política penal que el oficialismo considera clave en materia de seguridad.
Voceros partidarios indicaron a la agencia Noticias Argentinas que Sebastián Pareja, presidente de LLA bonaerense y referente del espacio en la Provincia, encabezará una mesa de trabajo junto a equipos técnicos y políticos para definir el mecanismo formal del planteo contra Pascual. El paso inicial sería la presentación de un pedido de enjuiciamiento ante la Legislatura provincial, ámbito competente para analizar la conducta de los magistrados bonaerenses.
El nuevo Régimen Penal Juvenil forma parte del paquete de reformas impulsado por el oficialismo nacional con el objetivo de modificar la edad de imputabilidad y endurecer penas para delitos cometidos por menores. Sectores críticos señalan que estas modificaciones podrían vulnerar estándares de derechos humanos, en tanto que el Gobierno y LLA argumentan que buscan dar respuesta a un reclamo social creciente frente a los hechos de inseguridad.
Argumentos políticos y judiciales en tensión
En su decisión cautelar, la jueza Pascual hizo lugar a una presentación que cuestiona la constitucionalidad de la nueva normativa y ordenó suspender su aplicación en territorio bonaerense por el plazo de 60 días, mientras se analizan los planteos de fondo. Para La Libertad Avanza, este fallo “profundiza la situación de impunidad” que, según afirman, padecen los ciudadanos de la Provincia ante delitos cometidos por menores de edad.
Desde el punto de vista institucional, la controversia vuelve a poner en primer plano la discusión sobre los límites de la justicia frente a leyes sancionadas por el Congreso. Especialistas consultados señalan que el control de constitucionalidad es una facultad de los jueces, pero advierten que el uso de medidas cautelares sobre normas recién aprobadas suele abrir fuertes debates políticos y jurídicos.
- LLA cuestiona que una jueza provincial frene la aplicación de una ley nacional.
- El fallo rige por 60 días en Buenos Aires, mientras se tramita la causa de fondo.
- El pedido de juicio político deberá ser evaluado por la Legislatura bonaerense.
“Esta resolución profundiza la situación de impunidad que padecen los bonaerenses y desconoce la voluntad del Congreso de la Nación”, remarcaron desde La Libertad Avanza bonaerense.
La presentación de LLA se concretará en los próximos días y se suma a la serie de disputas entre el oficialismo y el Poder Judicial en torno a las reformas impulsadas a nivel nacional. Se espera ahora la reacción de otros bloques legislativos y de organizaciones vinculadas a los derechos de niños, niñas y adolescentes, que vienen siguiendo de cerca el impacto del nuevo régimen penal juvenil.
