El Dr. Martín Brignoli, defensor adjunto de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, confirmó que “las condiciones de salubridad en la UP3 son las adecuadas y las edilicias también”. Aunque reconoció que “el gran problema que tiene es la gran cantidad de internos que alberga”.
Buenos Aires es la provincia que mayor cantidad de unidades penitenciarias tiene y la mayor densidad poblacional intramuros de todo el país. La Unidad Penal 3 de San Nicolás fue inaugurada en el año 1863 y es de las más antiguas del país y de América Latina. A la vez, junto a las unidades penitenciarias de Mercedes, la Unidad 9 de La Plata y la de Tranque Lauquen, es de las cárceles con mayor cantidad de internos.
No obstante, el Dr. Martín Brignoli, defensor adjunto de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, confirmó en diálogo con el programa “Vamos Viendo” de Radio U, que “las condiciones de salubridad en la UP3 son las adecuadas y las edilicias también”. Aunque reconoció que “el gran problema que tiene es la gran cantidad de internos que alberga”.
En este sentido, resaltó que por tal motivo “no se aceptan más traslados, ni se ingresan internos de manera definitiva”. Recordamos que, en ediciones anteriores, diario EL NORTE daba cuenta de que en la cárcel de San Nicolás hay más de 900 detenidos entre mujeres y hombres, superando ampliamente el cupo que es de 350 personas. Lo que significa que la sobrepoblación carcelaria es la mayor problemática que presenta la UP3.
Servicios
Por otro lado, el Defensor confirmó que el servicio de gas natural en dicha unidad penitenciaria, ubicada en Av. Savio y Ponce de León, “ya fue restablecido”. Ello teniendo en cuenta que el mes pasado se había interrumpido el servicio producto de la rotura de un caño mientras se realizaban obras municipales frente a la cárcel.
En esa oportunidad, el Juzgado de Ejecución Penal ya había resuelto “restringir, en forma excepcional y por un término de 90 días o hasta que se reconecte el suministro de gas natural -lo que ocurra primero-, el ingreso de nuevos internos a dicho establecimiento penitenciario, que provengan de otros Departamentos Judiciales que no sean San Nicolás, Junín, Pergamino y Zarate-Campana. Esta decisión tiene como norte garantizar condiciones mínimas de salubridad y seguridad”.
En otro orden de cosas, días atrás, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció que se firmaría un acuerdo con las operadoras de telefonía celular de la Argentina para, mediante la adquisición de un equipo especial, las compañías mantengan inhibido el funcionamiento de los equipos en las cárceles que dependen del sistema federal.
Al respecto, el Dr. Brignoli se limitó a expresar que si bien “hay personas que utilizan los celulares con fines completamente lícitos, para entretenimiento o para contactarse con familiares, entiendo que esa explicación puede ser insuficiente para alguien que sufrió una estafa telefónica” proveniente de alguna unidad carcelaria.
La declaración de la emergencia sanitaria, en el marco de la pandemia del coronavirus, sin lugar a dudas ha trastocado toda la organización social, de la cual las cárceles no fueron ajenas. En ese sentido, desde hace cuatro años fue autorizado el uso de teléfonos celulares dentro de las unidades penales, medida que sigue en vigencia hasta hoy.
“Es un tema que genera gran variedad de opiniones”, reconoció Brignoli, mientras que sostuvo que “debe ser analizado por expertos y buscar el mayor consenso posible por parte de todos los actores sociales”. Al mismo tiempo, consideró que “se debe trabajar en reforzar las medidas de seguridad”.