El juez Lijo analiza un llamado clave en la causa contra el jefe de Gabinete
NewsITe
La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó bajo una lupa aún más intensa. El juez federal Ariel Lijo evalúa convocarlo a declaración indagatoria antes del inicio de la feria judicial de invierno, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y el posible uso irregular de recursos públicos.
La causa se centra en los vínculos de Adorni con el productor televisivo Marcelo Grandio, dueño de la productora Imhouse, firma que mantiene contratos con la TV Pública para la realización de distintos contenidos audiovisuales. El expediente apunta a determinar si esa relación pudo derivar en beneficios económicos o en el pago de gastos privados del funcionario.
De acuerdo con fuentes judiciales, Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita aguardan los resultados de las últimas medidas de prueba para definir si avanzan con la citación formal. En los tribunales de Comodoro Py consideran que un eventual llamado a indagatoria significaría que el caso alcanzó un grado de avance relevante y que existen elementos suficientes para sospechar de la posible comisión de delitos.
El viaje a Punta del Este y el rol de la productora Imhouse
Uno de los ejes de la investigación es el viaje que Adorni realizó junto a su familia a Punta del Este durante el último fin de semana largo de Carnaval, a bordo de un avión privado. Mientras el funcionario aseguró en público que el traslado fue abonado con fondos propios, en el expediente constan documentos y testimonios que irían en sentido contrario.
El broker aeronáutico Agustín Issin Hansen declaró ante la Justicia que el vuelo fue reservado y pagado por Marcelo Grandio, y que la facturación se canalizó a través de Imhouse. Según la reconstrucción judicial, la empresa Alpha Centauri habría facturado el tramo de ida directamente a la productora, mientras que el regreso se habría cargado por unos 3.000 dólares a nombre de Grandio.
“El vuelo lo reservó y pagó Marcelo Grandio”, afirmó Issin ante el juzgado, contradiciendo la versión pública de Adorni, quien insistió en que costeó el viaje con su propio dinero.
En paralelo, el juzgado ordenó cruces telefónicos entre los números de Adorni, Grandio y Horacio Silva, socio fundador de Imhouse, con el objetivo de detectar comunicaciones que coincidan con la firma de contratos entre la productora y la TV Pública. También se analiza la geolocalización de los dispositivos para reconstruir encuentros presenciales y vínculos operativos.
Contratos con la TV Pública y sospechas sobre el patrimonio
Los convenios bajo la lupa abarcan programas televisivos, radiales y formatos de streaming emitidos en medios estatales. Entre los ciclos mencionados en el expediente figuran “La caja de Pandora”, “Giros en Línea Recta”, “Enredados”, “La Sala” y “Gritalo Mundial”, este último conducido por el propio Grandio.
Otro frente de investigación apunta al crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete. La Justicia analiza en detalle la compra y remodelación de una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Según la pesquisa, la vivienda habría sido escriturada en noviembre pasado por alrededor de 120.000 dólares, a lo que se sumarían cerca de 245.000 dólares en refacciones integrales y mobiliario.
Los investigadores sospechan que parte de esas obras se realizó sin la correspondiente facturación formal y evalúan si los ingresos declarados por Adorni resultan compatibles con el nivel de gastos detectados. En el expediente también figuran hipotecas comprometidas para financiar operaciones inmobiliarias, lo que complejiza el mapa financiero del funcionario.
Uso de fuerzas federales y la definición que se espera en Comodoro Py
Un elemento adicional bajo análisis es la presunta utilización de efectivos de la Gendarmería Nacional para custodiar el ingreso al country donde reside el jefe de Gabinete. La hipótesis judicial es que, si se comprobara que los agentes fueron asignados a tareas de seguridad personal ajenas a funciones oficiales, podría configurarse el delito de peculado por uso indebido de recursos del Estado.
En este contexto, la expectativa en los tribunales federales se concentra en la decisión que tome Lijo en las próximas semanas. Si el magistrado avanza con el llamado a indagatoria, Adorni pasará a estar formalmente imputado en una causa que combina sospechas sobre su patrimonio, sus vínculos con el negocio audiovisual y el eventual aprovechamiento de estructuras estatales para fines privados.
Por ahora, el expediente se mantiene en etapa de recolección de pruebas, pero cada nueva medida profundiza la presión sobre uno de los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei y mantiene la causa en el centro de la agenda judicial y política.
