Quiénes ganan con las nuevas concesiones de rutas nacionales
NewsITe
Tres grandes grupos empresarios se aseguraron alrededor del 60% de la recaudación total de las rutas nacionales privatizadas, tras la adjudicación de los primeros 9.000 kilómetros concesionados por el Gobierno nacional. De acuerdo con las estimaciones oficiales, solo por el cobro de peajes estos corredores viales generarían ingresos por unos $518 mil millones anuales, equivalentes a unos US$343 millones al tipo de cambio oficial.
Proyectado a los veinte años de vigencia de los contratos, el negocio global se eleva a unos $10 billones, o unos US$6.800 millones. Todo esto ocurre mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, mantiene sin ejecución partidas clave para el mantenimiento de los corredores, lo que abre el debate sobre el reparto de riesgos y responsabilidades entre el Estado y el sector privado en materia de infraestructura vial.
El dominio del grupo Cartellone en las rutas nacionales
El principal ganador del proceso licitatorio fue el grupo Cartellone, encabezado por Alejandro Cartellone, que se quedará con un negocio estimado en $135 mil millones por año a través de dos firmas: Autovía Construcciones y Servicios, y José Cartellone Construcciones Civiles.
Autovía Construcciones y Servicios obtuvo el Tramo Oriental con una tarifa propuesta de $2.945 sin IVA. Tendrá a su cargo la operación de las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, que incluyen las estaciones de peaje de Zárate, Colonia Elía, Yeruá y Piedritas. Solo este paquete representa una recaudación anual proyectada de $97,4 mil millones.
La misma empresa, en asociación con Vapeu SRL y Guigivan SRL, se adjudicó además el Tramo Noroeste, con una tarifa de $2.285 y una facturación prevista de $21,3 mil millones al año. En paralelo, José Cartellone Construcciones Civiles SA quedó a cargo del Tramo Centro Norte, con una oferta de $2.175 que le reportaría unos $16 mil millones anuales por la explotación de las barreras de Ceres y Fernández.
Un dato llamativo es que José Cartellone Construcciones Civiles figura en la Central de Deudores del Banco Central con una deuda irrecuperable con el Banco Nación superior a los $16 mil millones, situación que vuelve a poner bajo la lupa los criterios de evaluación financiera aplicados en este tipo de procesos.
Concret Nor y Basaa, los otros grandes adjudicatarios
El segundo grupo con mayor participación en las nuevas concesiones es el consorcio integrado por Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco, cuyo socio mayoritario es liderado por Sebastián Galluzzo. Este conjunto de empresas se quedó con el Tramo Sur–Atlántico–Acceso Sur, con una tarifa de $997, y operará los corredores de mayor tránsito y recaudación del país.
El paquete adjudicado incluye las autopistas Ezeiza–Cañuelas, Ricchieri y Jorge Newbery, además de las rutas nacionales 3, 205 y 226. Según las proyecciones oficiales, este corredor permitirá una facturación anual cercana a los $128 mil millones, lo que lo ubica como uno de los negocios más atractivos del esquema de peajes.
El tercer lugar en la compulsa quedó en manos de la unión de empresas Basaa y Cecosa, encabezada por Horacio Miró. Este consorcio se adjudicó el Tramo Puntano tras ofertar una tarifa de $1.440,08. La explotación de las cabinas de Larena, Solís, Venado Tuerto y Sampacho generaría una recaudación anual estimada en $36 mil millones.
Otros corredores adjudicados y el impacto fiscal
Además de los grandes grupos mencionados, otras compañías también tuvieron una presencia relevante en la licitación. Las firmas Obring, Pitón y Rovial se quedaron con el Tramo Chaco–Santa Fe y el Tramo Conexión Puente Rosario–Victoria, en unión transitoria de empresas con Edeca y Pietroboni. La tarifa ofertada para estos corredores fue de $2.798,18, con una recaudación proyectada de $12 mil millones anuales.
Más allá del negocio privado, el esquema garantiza al Estado un ingreso tributario mínimo estimado en $109 mil millones por año en concepto de IVA. A esto se suma la posibilidad de que los concesionarios instalen nuevos peajes y apliquen actualizaciones tarifarias periódicas, tal como está previsto en los pliegos licitatorios.
Negocios complementarios y debate sobre el modelo de concesión
Los contratos de explotación habilitan, previa aprobación de Vialidad Nacional, el desarrollo de múltiples emprendimientos comerciales en los predios concesionados. Entre las actividades previstas figuran estaciones de servicio, paradores de camiones y de transporte de pasajeros, centros logísticos, depósitos fiscales, locales gastronómicos y hoteles.
- Instalación de servicios financieros como sucursales bancarias y cajeros automáticos.
- Despliegue de infraestructura tecnológica, como redes de fibra óptica y antenas de telecomunicaciones.
- Construcción de refugios y espacios para el transporte público.
El esquema de concesiones viales vuelve a abrir la discusión sobre el equilibrio entre la inversión privada, el rol del Estado y el costo que terminan asumiendo los usuarios de las rutas nacionales.
Con contratos a veinte años, tarifas dolarizadas de referencia y amplias facultades para generar negocios complementarios, el nuevo mapa de la red vial concesionada consolida a un puñado de grupos empresarios como actores centrales en el financiamiento y la explotación de las rutas del país, al tiempo que plantea interrogantes sobre la transparencia, el control estatal y el impacto en el bolsillo de los automovilistas.
