El martes pasado se realizó la rueda de reconocimiento con resultado negativo, tampoco fueron reconocidos por las víctimas los elementos secuestrados. El defensor oficial elevaría el pedido de libertad al juez de Garantías y apuntó contra el juez de la causa, la fiscal y la policía. Sostiene que todos estuvieron condicionados por la “publicidad” del caso.
De la redacción de EL NORTE
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Conforme a las declaraciones del defensor oficial Alejandro Ares al diario La Opinión de San Pedro este martes se llevó a cabo la rueda de reconocimiento de los detenidos por el caso Andreani y, como habían insistido los familiares de los jóvenes, arrojó resultado negativo.
El abogado defensor Alejandro Ares señaló al medio mencionado que era “previsible” que esto sucediera por la “falta de pruebas” y anunció que a partir de los resultados obtenidos pedirán la libertad de los detenidos.
“El hecho de que hayan detenido a tantas personas sin ningún elemento no es algo común”, aseguró el abogado y denunció que “sirvió” para que “a nivel nacional se deje de hablar” del robo a Oscar Andreani en San Pedro.
“Cumplieron con su función. El juez actuó condicionado por la publicidad del caso, la actuación de la fiscala también y la de la policía, igual”, insistió y remarcó que durante el procedimiento se detuvo a personas “sin elementos”.
“Estas personas no tendrían que haber sido detenidas, mucho menos deberían continuar después de lo que pasó hoy”, concluyó.
Los hechos
El lunes 24 de enero pasado, un grupo comando asaltó la estancia del empresario postal Oscar Andreani, de 79 años de edad, en San Pedro. Se llevaron dinero y varios objetos de valor. Por el hecho fueron allanados 9 domicilios y 7 personas resultaron detenidas. Se conoció que la familia de los aprehendidos y la defensoría denunciaron irregularidades.
Un grupo de siete delincuentes armados habían irrumpido en el predio con fines de robo, redujeron al empresario y a otros integrantes de su familia. Luego de apoderarse de una suma no precisada de dinero en efectivo y de otros elementos de valor, los asaltantes huyeron, mientras que el empresario denunció lo ocurrido ante la policía.
Tomó intervención la UFI Nº 7 descentralizada de San Pedro, a cargo de la fiscal María del Valle Viviani, quien luego del análisis de las cámaras de seguridad que mostrarían a los imputados trasladando a las víctimas, solicitó órdenes de allanamiento en 9 domicilios, donde detuvieron a 7 personas, la mayoría del barrio La Tosquera de San Pedro.
Son sospechosas de participar en el delito de robo doblemente calificado por uso de arma de fuego y por ser cometido en banda. Al operativo fueron afectados más de cien efectivos de grupos como el GAD y la DDI.
Entre los arrestados se encuentran Lucas Medina, detenido con plantas de marihuana, municiones y un handy de frecuencia policial; Roque Gutiérrez, de 39 años, con un chaleco antibalas, celulares y varias municiones; Amílcar Palacios con prendas de vestir similares a las que se habrían usado en el robo.
Gastón Bedetti, de 25 años, con tres bolsas de arpillera, similares a las que usaron los ladrones para llevarse las pertenencias del empresario. William Alexis Sánchez también fue capturado con bolsas similares, así como prendas idénticas a las vistas en el ataque. Juan Nicolás Rivero, apodado “Perra”, fue capturado con un revólver calibre 32 y 28 teléfonos celulares que están siendo peritados.
Una de las hipótesis apunta a que no se trató de un robo “al voleo”, que los delincuentes conocían los movimientos de la familia y que para concretarlo hubo un entregador.
El reclamo de los familiares.
Durante la detención dos de los imputados se habrían contagiado de covid, la defensoría en su momento había presentado un hábeas corpus y sus familiares denunciaron irregularidades.
Los familiares de los detenidos se habían llegado hasta la redacción del diario sampedrino para asegurar que “son inocentes”, que los elementos secuestrados en los allanamientos “se los puso la policía” y que “se están comiendo un garrón”.
También en ese momento se habían presentado en la comisaría porque querían explicaciones respecto del estado de salud, ya que al menos dos de los apresados habían presentado síntomas de COVID-19.
Días después un operativo de la Secretaría de Salud detectó otros cinco casos positivos entre los 16 detenidos testeados en la dependencia policial.
Antes, desde la defensa, habían elevado un habeas corpus por las condiciones de detención, puesto que al no asignar cupo para trasladar a los detenidos, los calabozos de la comisaría estarían sobrepoblados, situación a la que se sumaría la complicación sanitaria por los casos positivos detectados.
El defensor oficial Alejandro Ares aseguró entonces que “no hay elementos que los relacionen directamente” con el asalto y que le pareció “vergonzoso” que hayan detenido a los siete jóvenes con “la carencia de pruebas” que tiene el expediente.
Sostienen, además, que uno de los aprehendidos, Juan Bautista “Juancho” Ibarrola, vecino del Bajo Tala, de 59 años, nunca había tenido un ingreso a la comisaría, que es un reconocido trabajador rural, que se había mudado de La Tosquera cansado de que le roben, que el año pasado sufrió un ACV y que ya no puede dedicarse de lleno a los oficios del campo que aprendió desde que comenzó a trabajar a los 7 años. El día del allanamiento, cuando la policía se iba, les habría dicho que tenía 20.000 pesos escondidos, de sus ahorros, y se los habría dado. Aunque luego lo liberaron, el hombre sostenía que hasta ese momento no le habían devuelto el dinero.
