La cifra de prisioneros que podrían recibir beneficios procesales de libertad sería cercana a las 50.000 personas.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, evalúa un plan de libertad condicional para aproximadamente la mitad de las personas encarceladas durante su estrategia de seguridad de “guerra contra las pandillas”. La medida representa un giro inédito en el discurso oficial tras siete años de mano dura contra las estructuras criminales y más de cuatro años y medio de su polémico y ampliamente criticado estado de excepción —vigente en la actualidad—.
El anuncio surgió el martes 13 de octubre en una conferencia de prensa y tras una conversación telefónica con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio. La propuesta impactaría sobre unos 46.000 reclusos procesados por “colaborar” con pandillas. Según el mandatario, este calificativo tendría diferentes grados, porque a su parecer “no tendría el mismo nivel de colaboración quien ayudó a enterrar un cadáver que el muchacho que avisaba cuando venía la Policía”, aunque ambos pudieron ser coaccionados con amenazas.
El plan de libertad condicional también plantea la evaluación caso por caso sobre los reclusos que permanecen en prisión. “Estamos evaluando los casos para ofrecer una liberación anticipada condicional a una gran cantidad de reos que sí son culpables, que sí merecen estar en la cárcel, pero que en las condiciones que vive nuestro país tal vez se puede hacer una excepción con una gran cantidad de ellos”, dijo el mandatario, aunque no formalizó fechas ni procesos legales para ejecutar la idea.
La polémica estrategia de seguridad de Bukele se radicalizó con el estado de excepción implementado el 27 de marzo de 2022 tras un repunte de violencia durante un fin de semana. Desde entonces, su gobierno suma más de 50 prórrogas consecutivas a esa medida aprobada por el Congreso. En este período, las capturas superan las 93.000 personas, y la tasa de población reclusa se incrementó a 1,6 % del censo nacional, una cifra que triplica la proporción carcelaria de EE.UU., según medios.
Diversas organizaciones sociales y activistas de derechos humanos han denunciado constantemente el impacto de estas medidas masivas. Los informes de Socorro Jurídico Humanitario señalan la detención de personas inocentes sin orden judicial ni debido proceso, y acumulan más de 6.400 abusos documentados y al menos 570 muertes bajo custodia estatal. Frente a los cuestionamientos, el propio Bukele ha admitido que la política de seguridad ha cometido errores, aunque defiende los resultados generales.
A pesar de las sombras y las críticas internacionales a sus políticas, Bukele defiende las acciones contra las pandillas por el descenso en la criminalidad. El país centroamericano redujo la tasa de homicidios desde 103 por cada 100.000 habitantes en 2015 hasta un nivel histórico de 1,3 en 2025. Estos datos sostienen las cifras de aceptación de su Gobierno, cuya aprobación, según sondeos, alcanza 67,4 % y cuyo partido controla 57 de los 60 escaños de la Asamblea Legislativa, un contexto que además le allana el camino hacia una nueva reelección en 2027.
