Ley Hojarasca: el oficialismo consiguió dictamen en el Senado
NewsITe
La Libertad Avanza, junto a sus aliados parlamentarios, logró este miércoles el dictamen de mayoría para la denominada Ley Hojarasca, el proyecto que propone derogar alrededor de 70 normas consideradas obsoletas o restrictivas de libertades individuales. El avance se produjo en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General del Senado, paso clave para que la iniciativa quede habilitada para su tratamiento en el recinto.
El debate se desarrolló desde las 15 en el Congreso, bajo la conducción de los presidentes de ambas comisiones, los senadores libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez. Con las firmas del oficialismo, el radicalismo, el PRO, Provincias Unidas y distintos bloques provinciales, el proyecto obtuvo el respaldo necesario y podría ser tratado en el recinto dentro de los próximos siete días, aunque en el Senado ya anticipan que la discusión se daría recién a mediados de julio, antes del receso invernal.
La llamada Ley Hojarasca apunta a limpiar del ordenamiento jurídico una serie de leyes, muchas de ellas sancionadas durante gobiernos de facto o en las primeras décadas del siglo XX, que según sus impulsores ya no tienen vigencia real o contradicen principios de libertad y modernización del Estado. Entre las normas incluidas figuran disposiciones de control sobre reuniones públicas en lugares cerrados y obligaciones específicas para los medios de comunicación audiovisuales.
“Este proyecto deroga normas obsoletas y es también una forma de ampliar la libertad de los ciudadanos”, defendió Coto durante la reunión. En la misma línea, Márquez subrayó que “la calidad institucional no consiste solamente en sancionar nuevas leyes, sino también en revisar aquellas normas que han perdido sentido, vigencia o utilidad para los argentinos”.
Argumentos a favor y cuestionamientos de la oposición
Márquez sostuvo que la Ley Hojarasca “es una herramienta para ordenar nuestro sistema normativo, reducir burocracia y avanzar hacia un Estado más eficiente”. Aclaró, además, que “no se trata de quitar derechos, sino de eliminar regulaciones obsoletas que ya no cumplen ninguna función real”. El oficialismo insiste en presentar el paquete como una actualización técnica del digesto jurídico, en línea con la agenda de desregulación que impulsa el Gobierno nacional.
Sin embargo, la iniciativa recibió fuertes cuestionamientos desde sectores del peronismo y de Convicción Federal, que anunciaron dictámenes de minoría. El senador peronista Martín Soria remarcó que la depuración del marco legal “es una tarea que corresponde a la Comisión Permanente de Digesto Jurídico”, órgano previsto para revisar y consolidar la normativa vigente. Advirtió además que existen leyes incluidas en el listado que aún “tienen plena vigencia y utilidad”.
Soria alertó que, tal como está redactado, el proyecto podría habilitar la eliminación de normas vinculadas a la producción pública de medicamentos, lo que, a su criterio, dejaría la provisión de ciertos tratamientos “supeditada a laboratorios privados y a la lógica del mercado”. La oposición reclama un análisis más detallado, artículo por artículo, para evitar que la poda normativa implique retrocesos en áreas sensibles como salud, cultura o políticas sociales.
Normas alcanzadas y debate por cultura y comunicación
Entre las normas incluidas en la Ley Hojarasca se encuentra la ley 20.120, sancionada durante la gestión de Alejandro Agustín Lanusse, que obliga a los organizadores de reuniones públicas en recintos cerrados a dar aviso previo a las autoridades y faculta a la policía a ingresar a esos espacios. Para el oficialismo, se trata de “una violación flagrante de la libertad personal” que no se condice con los estándares democráticos actuales.
Otra de las leyes que el proyecto propone derogar es la 20.983, de 1975, que dispone que los medios radiales y televisivos deben destinar un mínimo de 60 minutos diarios a la difusión de contenidos de interés turístico nacional. Los defensores de la reforma sostienen que este tipo de obligaciones perdió sentido frente al desarrollo de nuevas plataformas y formas de comunicación, mientras que críticos del paquete advierten sobre un posible desinterés en la promoción del turismo local.
- Derogación de unas 70 normas consideradas obsoletas o de baja aplicación efectiva.
- Foco en leyes dictadas durante gobiernos de facto y en la primera mitad del siglo XX.
- Cuestionamientos por posibles impactos en salud, cultura y comunicación.
- Debate sobre si la tarea debe recaer en el Congreso o en la Comisión de Digesto Jurídico.
“No se trata de quitar derechos, sino de eliminar regulaciones obsoletas que ya no cumplen ninguna función real”, sostuvo la senadora Nadia Márquez durante el plenario de comisiones.
La discusión sobre la Ley Hojarasca promete profundizarse cuando el tema llegue al recinto del Senado. Mientras el oficialismo busca mostrar el proyecto como un símbolo de simplificación y modernización del Estado, la oposición reclama mayores garantías para evitar que la depuración normativa implique la pérdida de herramientas claves para la salud pública, la cultura y otros sectores estratégicos. El desenlace legislativo, previsto para las próximas semanas, será un nuevo test político para el Gobierno y sus aliados.
