El oficialismo mueve fichas para salvar el DNU 70/23
NewsITe
En la antesala de una sesión clave convocada por la oposición para el 15 de octubre, el oficialismo rediseña su estrategia parlamentaria y apuesta a una jugada de alto riesgo: avanzar con la restitución parcial de la Ley de Tierras para desactivar el intento de rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, pieza central del esquema económico del Gobierno de Javier Milei.
La maniobra se articula en la Cámara de Diputados, donde un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General fue convocado para el miércoles 14 de octubre a las 16. Allí se debatirá la incorporación de la Ley de Tierras dentro de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado.
El objetivo político es claro: ofrecer una respuesta institucional al reclamo por límites a la extranjerización de tierras rurales, tema que figura entre los principales reclamos de sectores dialoguistas y opositores, y así quitarles motivos para concurrir al recinto en la sesión especial donde se busca poner en jaque el mega DNU 70/23.
Un giro pragmático sobre la extranjerización de tierras
Según trascendió en ámbitos legislativos, el oficialismo está dispuesto a restituir topes porcentuales a la compra de tierras por parte de extranjeros, aunque se niega a convalidar el límite de 1.000 hectáreas en zonas núcleo, tal como establecía la ley original. Se trata de un viraje significativo para un espacio político que, desde el inicio de la gestión, apuntó a desregular al máximo el mercado de tierras rurales.
Ese rumbo quedó plasmado en el propio DNU 70/23, que derogó la Ley de Tierras aprobada durante el kirchnerismo. Sin embargo, medidas cautelares dictadas por la Justicia frenaron en los hechos su aplicación y mantuvieron viva la discusión sobre el control de inversiones extranjeras en áreas estratégicas.
El rechazo social y político que despertó el intento de flexibilización volvió a quedar en evidencia cuando el Senado eliminó el capítulo sobre tierras de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Campañas en redes, movilizaciones y la presión de organizaciones civiles contribuyeron a demoler ese tramo del proyecto.
La Corte Suprema, factor clave en la pulseada
El fallo reciente de la Corte Suprema que dejó sin efecto una cautelar presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) reactivó el debate. El máximo tribunal consideró que la entidad no tenía legitimación para impulsar la demanda. La decisión generó malestar en organizaciones sociales y ambientales, y aceleró el armado opositor en el Congreso para forzar la sesión del 15 de octubre.
Ahora, el escenario podría volver a modificarse: el tribunal analiza un nuevo pedido de medida cautelar, esta vez impulsado por la Asociación Civil Árbol de Pie, comunidades mapuches Lafkenche y lof Fvta Anecon, junto a la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. Si la Corte restituye la vigencia de la Ley de Tierras antes de la sesión, los incentivos para que diputados dialoguistas bajen al recinto se reducirían sensiblemente.
En el oficialismo algunos interpretan que una decisión rápida del máximo tribunal podría, paradójicamente, terminar favoreciendo la defensa del DNU 70/23, al desactivar uno de los principales motores de la convocatoria opositora.
La oposición afina la calculadora del quórum
Mientras tanto, en el arco opositor crece el optimismo respecto de la posibilidad de alcanzar el quórum, una meta que hasta hace pocos días parecía lejana. La confirmación del diputado catamarqueño Sebastián Nóblega y sus pares Fernando Monguillot y Fernanda Ávila de que participarán de la sesión especial dio un primer impulso.
A esto se suma un movimiento similar en el interbloque Provincias Unidas, donde los cordobeses Juan Brügge y Carlos Gutiérrez ya anticiparon que se sentarán en sus bancas, y se espera que se sumen Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Ignacio García Aresca y Alejandra Torres. En paralelo, en el bloque Argentina Federal se cuentan como seguros los misioneros, y podrían incorporarse el formoseño Gerardo González y el salteño Bernardo Biella.
Con estos apoyos, la oposición calcula una base superior a los 120 diputados, punto de partida para salir a buscar el puñado de voluntades que aún necesita para abrir la sesión. El temario incluye, además de la discusión sobre el DNU, proyectos de fuerte impacto social como una nueva ley de Discapacidad y un programa de alivio para familias sobreendeudadas.
Un desenlace abierto con impacto institucional
- El oficialismo apuesta a reponer parcialmente la Ley de Tierras para desactivar la sesión opositora.
- La Corte Suprema analiza una nueva cautelar que podría restituir la norma antes del 15 de octubre.
- La oposición se acerca al quórum con el apoyo de bloques provinciales y federales.
“Además no le conviene a nadie que se rechace el DNU 70. Con ese decreto empezamos nuestro Gobierno y trajo muchos beneficios”, afirmó un diputado de La Libertad Avanza, al graficar la importancia política y económica de la resolución en juego.
En este tablero complejo, cada movimiento cuenta. Entre negociaciones con gobernadores, contactos con fuerzas dialoguistas y la expectativa por una inminente definición de la Corte Suprema, el Congreso se encamina a una semana de definiciones que pueden marcar el rumbo institucional y económico de los próximos meses.
