Qué es la Ley de Inocencia Fiscal y a quiénes alcanza
NewsITe
El Gobierno impulsa la denominada Ley de Inocencia Fiscal, un nuevo esquema de blanqueo que busca atraer a la economía formal los llamados “dólares del colchón” y otros bienes no declarados. La apuesta oficial es que esos fondos pasen del ámbito informal a inversiones productivas y al circuito financiero argentino.
La iniciativa modifica normas clave del Régimen Penal Tributario (Ley 24.769), la Ley de Procedimientos Fiscales (11.683) y el Código Civil y Comercial, y crea además un régimen simplificado de declaración jurada para quienes deseen regularizar su situación fiscal de manera voluntaria.
Podrán adherir tanto personas físicas como jurídicas que posean bienes o fondos no declarados, siempre que su patrimonio no supere los $10.000 millones. El esquema se presenta como una ventana excepcional para sincerar activos con menores riesgos penales y una carga impositiva acotada, en un contexto de fuerte necesidad de dólares y pesos dentro del sistema formal.
Cómo opera el principio de Inocencia Fiscal
Uno de los aspectos más sensibles del proyecto es que los contribuyentes que ingresen al régimen no deberán informar variaciones patrimoniales ni justificar el crecimiento de su patrimonio, y los consumos que realicen no serán objeto de control específico por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo que reemplaza a la AFIP.
En la práctica, ARCA solo calculará el Impuesto a las Ganancias sobre los ingresos efectivamente facturados, descontando los consumos, sin tomar en cuenta el eventual aumento del patrimonio. Esto implica un giro en la lógica tradicional de fiscalización, donde los cambios patrimoniales suelen disparar controles y auditorías.
Efecto liberatorio y beneficios para contribuyentes
El proyecto establece un “efecto liberatorio del pago”: si el contribuyente acepta la declaración jurada confeccionada por ARCA y cancela el importe en tiempo y forma, queda liberado de acciones posteriores vinculadas a esas obligaciones, salvo que se comprueben ingresos omitidos o falseados.
Además, se prevé que ARCA no inicie acciones penales contra quienes regularicen sus deudas tributarias y abonen los intereses correspondientes. Este beneficio, sin embargo, es de uso único: cada contribuyente solo podrá aprovecharlo una vez.
En los casos en que todavía no se haya presentado la denuncia penal, la acción se extinguirá si el contribuyente paga el total adeudado más un adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles desde la notificación de la imputación. La medida busca acelerar arreglos extrajudiciales y reducir la litigiosidad fiscal.
Cambios en evasión fiscal y prescripción
El proyecto también eleva de manera significativa los montos a partir de los cuales la evasión impositiva se considera delito. Para la evasión simple, el piso pasa de $1.500.000 a $100.000.000, mientras que la evasión agravada solo será investigada cuando supere los $1.000.000.000, frente a los $15.000.000 vigentes hasta ahora.
Otro punto relevante es la reducción del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias: el Estado pasará de tener cinco años a solo tres para reclamar deudas impositivas. Especialistas advierten que esto limita la capacidad de control a largo plazo y podría dejar sin sanción conductas que hoy serían perseguibles.
Más flexibilidad, pero también sanciones más duras
La Ley de Inocencia Fiscal combina una flexibilización general de los controles con un endurecimiento de sanciones económicas para quienes presenten sus declaraciones juradas fuera de término. Se busca así incentivar el cumplimiento espontáneo y el ingreso de capitales no declarados, sin renunciar a castigos más severos para el incumplimiento futuro.
- Amnistía parcial para bienes no declarados, con tope patrimonial.
- Reducción de controles sobre variaciones patrimoniales y consumos.
- Aumento de los montos mínimos para configurar delitos de evasión.
- Menor plazo para que el Estado reclame deudas tributarias.
El nuevo esquema apunta a ampliar la base de contribuyentes y dinamizar la actividad económica, aunque genera fuertes debates sobre su impacto en la equidad tributaria y la lucha contra la evasión.
Mientras el oficialismo destaca la potencial entrada de fondos al circuito formal y el alivio para contribuyentes con deudas, críticos advierten que el esquema podría consolidar la sensación de que blanquear más adelante resulta más beneficioso que cumplir siempre. El debate legislativo y la reglamentación final serán claves para definir su alcance real.
