Nuevas manifestaciones exigirán celeridad a los legisladores nacionales para tratar la normativa que proteja estos ecosistemas. El fin de semana habrá marcha y acampe sobre la traza vial a Victoria, en el marco de una acción nacional que se llevará a cabo en decenas de ciudades de Argentina.
Por Tomás Barrandeguy
La consigna “ley de humedales ya” en Rosario es parte de lo cotidiano desde hace meses. Los constantes incendios en las islas y la destrucción de estos ecosistemas hacen que esta petición, urgente, pase de a poco desde grupos ambientalistas a la ciudadanía en general. El foco está puesto, desde hace semanas, en dos proyectos de ley: el “consensuado”, que hace referencia a una iniciativa presentada por el diputado bonaerense Leonardo Grosso y que fuera acordado con más de 300 organizaciones, especialistas y científicos; y una iniciativa que surgió en julio tras una reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) con representantes de todas las provincias, que quedó en el centro del debate por ser una versión recortada del proyecto consensuado. En este marco, se realizará la Acción Plurinacional por los Humedales, que en Rosario implicará el corte del puente Rosario-Victoria para exigir celeridad para tratar una “ley de protección de humedales”.
Con septiembre ya iniciado, con menos de tres meses de actividad legislativa, y a las puertas de un año electoral, desde las organizaciones exigen celeridad a los legisladores para que el proyecto presentado por Grosso se trate en las tres comisiones a las que fue girado (de Recursos Naturales, de Agricultura y Ganadería, y de Presupuesto) para que se otorgue dictamen a la iniciativa y pueda llegar al recinto de la Cámara de Diputados.
Los proyectos de ley de humedales que acaparan la atención son dos, aunque solo uno de ellos se encuentra en curso legislativo. Es el presentado por Grosso en marzo y que fuera girado a comisiones a principios de agosto por la entonces reciente presidenta de Diputados, Cecilia Moreau. La otra iniciativa, surgida del Cofema, fue muy cuestionada y, hasta el momento, desde el Ministerio de Ambiente de la Nación no confirmaron que la misma fuera presentada en el Congreso.
Entre otras cuestiones, el proyecto del Cofema no contempla cuestiones que sí tiene el consensuado, como definiciones de protección, de preservación y de integridad ecológica. También se suprimieron las definiciones de “gestión racional y sostenible de humedales”, “variabilidad temporal de los humedales”, “evaluación de impacto ambiental”, “evaluación ambiental estratégica” y “evaluación de impactos acumulativos”.
Por su parte, en los objetivos generales de la ley propuesta por el Cofema se sacaron los puntos que refieren a “promover el desarrollo de mecanismos o procedimientos específicos para proteger y preservar la biodiversidad de los humedales” e “identificar y promover el conocimiento y valoración de los humedales del territorio nacional”. También se modificó el apartado sobre acceso a la información pública ambiental: en el proyecto consensuado se habla de “garantizar” este punto, mientras que la iniciativa del Cofema refiere a “promover” el acceso a la información.
Comparativa
Tras comparar ambos proyectos, desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas denunciaron que la iniciativa del Cofema “elimina, al menos, 25 artículos”, y puntualizaron: “Altera sutil, aunque gravemente, la definición de humedal, reduciendo el ámbito de aplicación de la ley y los ecosistemas que protege; suprime otras definiciones estratégicas, eliminando principios, conceptos, objetivos de protección, funciones y deberes de la autoridad nacional de aplicación, y conductas prohibidas; y aniquila el Inventario Nacional de Humedales”.
“Suprime plazos para que, tras la sanción de la ley nacional, las provincias deban elaborar un Ordenamiento Ambiental Territorial que incorpore a los humedales en sus territorios; elimina 11 principios y conceptos esenciales para la gestión de la política racional y sostenible de los humedales”, enumeraron desde la asociación que nuclea a letrados de todo el país, para agregar: “Insólitamente, destruye la noción de Inventario Nacional de Humedales al considerarlo facultativo y no como un deber del Estado, lo que implica una sentencia de muerte legal para los humedales, antes de ser reconocidos como tales. También elimina plazos, las escalas de protección y el deber de actualización”.