Ley de Discapacidad: la pulseada por su reglamentación

El decreto que definirá el alcance real de la nueva ley

NewsITe

La reciente aprobación por unanimidad en el Senado de la Ley Permanente de Discapacidad abrió una expectativa fuerte en organizaciones, prestadores y personas con discapacidad. La norma, que toma como base la anterior emergencia en discapacidad, promete sostener y dar estabilidad a prestaciones, pensiones y coberturas. Sin embargo, su impacto concreto depende de un paso clave que todavía falta: la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo.

En la Casa Rosada y el Ministerio de Economía evitan precisar plazos para el decreto reglamentario, lo que enciende luces de alerta entre los actores del sistema. En la administración de Javier Milei ya existen antecedentes de leyes aprobadas y promulgadas —como la emergencia pediátrica o el financiamiento universitario— que terminaron virtualmente congeladas por falta de partidas o por una reglamentación restrictiva.

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En este tablero interno emerge la figura del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, referente del ala más dura en materia fiscal. Cerca suyo remarcan que el compromiso central del Gobierno es no aumentar el gasto público, por lo que toda ampliación de derechos con impacto presupuestario es observada con lupa. Distintas fuentes oficialistas lo señalan como el principal impulsor de los cambios en el esquema de discapacidad incorporados al Presupuesto 2027.

Esa línea choca con la postura de la jefa del bloque violeta en el Senado, Patricia Bullrich, quien impulsó el proyecto que sirvió de base a la nueva ley, retomando beneficios de la emergencia en discapacidad que el oficialismo había rechazado en su momento. La senadora, que ya venía marcando diferencias políticas con el Presidente, seguirá de cerca cada coma del decreto reglamentario y no se descarta que la demora o un texto recortado se conviertan en un nuevo foco de tensión en un año marcado por el calendario electoral.

Claves de la nueva normativa y lo que está en juego

Durante el debate en la Cámara alta, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el libertario Agustín Monteverde, defendió el cambio de enfoque: en lugar de prorrogar una vez más la emergencia, se buscó un régimen permanente. Según explicó, el objetivo es dar previsibilidad al sistema y asegurar que las prestaciones no queden a merced de negociaciones coyunturales año tras año.

  • Se mantiene la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad —equivalente al 70% de la jubilación mínima— y un empleo formal o el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles.
  • El beneficio alcanza a titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD), pieza central para el acceso al sistema.
  • Se ratifica el principio de un nomenclador único y una actualización automática y periódica de aranceles según la movilidad jubilatoria vinculada al IPC.
  • Se garantiza la cobertura básica de protección médica del programa federal Incluir Salud para quienes perciben la pensión por discapacidad.
  • La asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser, en términos reales, inferior a la del año anterior.
  • Se crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de datos entre ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, bajo el principio de “debido proceso inclusivo”.

Uno de los puntos más sensibles es la cláusula transitoria que fija un cronograma para saldar las deudas con prestadores y otorga al Poder Ejecutivo un plazo máximo de 30 días para reglamentar la ley. Ese límite legal contrasta con el silencio oficial y alimenta el temor de que el decreto llegue con recortes o condiciones adicionales para acotar el costo fiscal.

“La única forma de salir de la emergencia en discapacidad es con reglas estables, generando previsibilidad. Este proyecto crea un régimen que asegura la continuidad de las prestaciones, pensiones, coberturas y su compatibilidad con el trabajo”, sostuvo Monteverde en el recinto.

Mientras tanto, organizaciones de personas con discapacidad, familiares y prestadores siguen de cerca cada movimiento del Gobierno. Para ellos, la reglamentación no es un detalle técnico, sino el punto que definirá si la Ley Permanente de Discapacidad se transforma en una verdadera ampliación de derechos o queda reducida a una declaración de buenas intenciones.

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