Claves del proyecto oficial para reforzar la defensa de la soberanía
NewsITe
El Gobierno envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que apunta a endurecer las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y la Plataforma Continental Argentina, al tiempo que rediseña el esquema de seguridad nacional frente a amenazas externas.
La propuesta incorpora herramientas para proteger el espacio aéreo y marítimo, crea un Consejo de Seguridad Nacional y eleva a rango legal el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Además, introduce nuevas restricciones a la influencia extranjera en la política y en los procesos electorales del país.
Uno de los ejes centrales es la sustitución de la Ley 26.659. El nuevo texto amplía el alcance de las prohibiciones, que dejarán de limitarse a los hidrocarburos para abarcar cualquier aprovechamiento no autorizado por la Argentina de recursos naturales, sean renovables o no renovables, en Malvinas, sus espacios marítimos e insulares y en toda la Plataforma Continental. No solo quedarán expuestas las empresas directamente involucradas, sino también sus proveedores, socios, accionistas y compañías controlantes.
Penas más duras y restricciones económicas
El proyecto fija penas de hasta 20 años de prisión para quienes exploten sin autorización esos recursos, además de fuertes multas e inhabilitaciones. Las firmas sancionadas no podrán desarrollar actividades económicas en el país, perderán habilitaciones vigentes, beneficios impositivos o previsionales y podrán ver rescindidos sus contratos con el Estado.
Se prevé, además, un registro público de infractores: tanto organismos estatales como particulares tendrán prohibido contratar a quienes figuren allí. La iniciativa incorpora también la posibilidad de llevar adelante juicios en ausencia para los delitos específicos contemplados en la nueva norma.
Nuevo Consejo de Seguridad y uso de la fuerza
Otro capítulo clave es la creación del Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, los organismos de inteligencia y la Secretaría Legal y Técnica. Este cuerpo tendrá a su cargo la coordinación estratégica de las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, así como la protección de infraestructuras críticas.
La iniciativa también detalla los protocolos para el uso de la fuerza en defensa del espacio aéreo y marítimo. En el caso de aeronaves consideradas hostiles, se establece una secuencia gradual que va desde la identificación y advertencia hasta la demostración de fuerza y, como último recurso, el uso de la fuerza por orden del Presidente, que podrá delegar esa facultad en el ministro de Defensa.
- Para buques, se prevén medidas progresivas: persecución, inspección, disparos de advertencia e inutilización de la nave.
- El hundimiento se reserva como medida absolutamente excepcional, requiere autorización presidencial y queda expresamente prohibido como sanción para buques civiles o solo para evitar su fuga.
Control a la influencia extranjera y rol del RePET
El proyecto incorpora un paquete de medidas contra Estados o actores extranjeros que se consideren una amenaza grave e inminente para la seguridad nacional. El futuro Consejo de Seguridad Nacional podrá disponer restricciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, limitar importaciones y exportaciones e incluso elevar derechos aduaneros en forma transitoria, siempre con plazos definidos y fundamentos específicos.
En materia política, se prohíben los aportes de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas electorales. También se crean nuevos delitos para castigar la revelación de secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros, la colaboración con operaciones clandestinas y las acciones financiadas desde el exterior destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas masivas de desinformación, así como la promoción o financiamiento de actos de violencia o sabotaje.
La iniciativa completa el esquema con una redefinición de la Defensa Nacional frente a amenazas estatales y no estatales, y con la incorporación por ley del RePET, que habilita la inmovilización de bienes y la prohibición de operar con personas y entidades vinculadas al terrorismo o su financiamiento.
Con este proyecto, el oficialismo busca dotar al Estado de un marco legal más amplio y actualizado para responder a desafíos geopolíticos, económicos y de seguridad, reforzando en paralelo la histórica reivindicación argentina sobre las Islas Malvinas y los recursos de la Plataforma Continental.
