El espacio passaglista impulsa una ley para que los reclusos pierdan el beneficio de contar con teléfonos móviles, y se coloquen inhibidores. El objetivo de la iniciativa es prohibir el ingreso, la tenencia y el uso de teléfonos celulares y dispositivos con conectividad en todas las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Los legisladores que integran los bloques de Hechos en las Cámaras de diputados y de senadores de la Legislatura bonaerense dieron entrada al proyecto de ley que busca prohibir el ingreso, la tenencia y el uso de teléfonos celulares y dispositivos con conectividad en todas las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense.
“La iniciativa busca restablecer el orden jurídico y reforzar la seguridad pública, luego de que una medida excepcional adoptada durante la pandemia de COVID-19 —que habilitó el uso de celulares ante la suspensión de visitas— se haya extendido en el tiempo sin respaldo legal ni evaluación de su impacto”, expresaron desde el espacio passaglista.
En los fundamentos de la ley, los legisladores sostienen que el uso de celulares dentro de las cárceles dejó de ser una excepción y se convirtió en una práctica habitual que hoy facilita la comisión de delitos desde el interior de los establecimientos penitenciarios. En ese sentido, el proyecto establece que las personas privadas de su libertad mantendrán garantizado el derecho a la comunicación, pero únicamente a través de medios oficiales, controlados y registrados por la autoridad penitenciaria, como líneas institucionales o sistemas supervisados.
La iniciativa también propone derogar toda normativa o disposición administrativa que haya autorizado el uso de celulares en cárceles; implementar sistemas tecnológicos de inhibición, bloqueo o detección de señales móviles en las unidades penitenciarias y considerar falta grave la violación de esta prohibición, sin perjuicio de eventuales responsabilidades penales.
En principio, pareciera haber consenso entre todas las fuerzas políticas para avanzar en la prohibición con celeridad. Sin embargo, sectores del oficialismo serían reticentes a tomar la drástica medida.
También el massismo
La semana pasada, tanto el Frente Renovador había presentado una ley para bloquear los celulares en las cárceles, siendo esta una de las únicas propuestas que pareciera encontrar consenso entre el oficialismo y la oposición, por lo menos en el Senado bonaerense.
En efecto, la senadora massista Malena Galmarini ingresó un proyecto en que planteó los mismos lineamientos que Hechos: prohibir los celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires como así también para instalar inhibidores de señal, con el objetivo de evitar estafas y extorsiones organizadas desde una prisión.
“El sistema penitenciario no puede seguir siendo una oficina desde donde se cometen delitos. Las cárceles no pueden funcionar como call centers del delito”, consideró Galmarini en los fundamentos de su iniciativa.
La propuesta de la senadora del peronismo establece que las personas privadas de libertad no podrán poseer teléfonos celulares ni dispositivos tecnológicos que permitan comunicaciones no autorizadas, al tiempo que contempla sistemas de comunicación supervisados para garantizar el contacto con familiares y abogados.
Asimismo, Galmarini también solicitó la instalación obligatoria de inhibidores de señal en todas las cárceles bonaerenses, junto con controles tecnológicos y requisas permanentes para evitar el ingreso de dispositivos móviles.
Proyecto libertario
En la otra Cámara, el diputado libertario Oscar Liberman elevó la “ley Rodrigo”, llamado así en homenaje al soldado Rodrigo Gómez, quien semanas atrás se quitó la vida en la Quinta de Olivos tras haber sido víctima de una extorsión telefónica. La investigación judicial arrojó que el delito se organizó desde la cárcel bonaerense de Magdalena y fue efectuado por familiares de los detenidos en aquella unidad penitenciaria.
Tal como Hechos, Liberman propuso dejar sin efecto el decreto originado en la pandemia que permitía a comunicación telefónica de las personas privadas de su libertad, a la par que establece que solo podrán realizar llamadas con los dispositivos móviles provistos y controlados por el Servicio Penitenciario.
En ese sentido, el tiempo de comunicación por interno estará limitado a un máximo de dos horas diarias y solo podrán comunicarse con hasta 5 personas.
