La Justicia condenó al establecimiento por los daños ocasionados en un Renault Clio diésel. El fallo incluyó los gastos de reparación, la imposibilidad de utilizar el vehículo, el daño moral y una multa civil por la falta de respuesta ante el reclamo del cliente.
Una estación de servicio de Pergamino deberá pagar $7.010.000, más intereses, a un automovilista que sufrió importantes daños en su vehículo luego de que un empleado le cargara nafta en lugar de gasoil. La condena fue dictada por el Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 1 de esa ciudad, que también cuestionó la conducta de la empresa durante el reclamo y el proceso judicial.
El episodio ocurrió el 15 de octubre de 2022, cuando el conductor, que tenía 26 años, llegó al establecimiento a bordo de un Renault Clio diésel y solicitó una carga de gasoil por $2.000. Sin embargo, el playero se equivocó de combustible y despachó nafta.
Según la reconstrucción de los hechos que realizó el tribunal, el vehículo comenzó a presentar fallas poco después de la carga y se detuvo a pocos metros del surtidor. El empleado reconoció que había cometido un error y el automóvil fue trasladado sin encender el motor hasta un taller mecánico cercano.
Aunque allí se realizaron algunas tareas, el problema persistió. Después de avanzar aproximadamente una cuadra, el motor volvió a fallar, se apagó y dejó de funcionar.
Ante los daños, el propietario inició un reclamo para obtener una compensación por los gastos de reparación y los perjuicios derivados de no poder utilizar el automóvil. Sin embargo, la empresa negó su responsabilidad, cuestionó la documentación aportada y rechazó los montos reclamados.
La falta de una solución llevó al cliente a recurrir a la Justicia. La demanda fue presentada en septiembre de 2024 y el expediente avanzó con testimonios, comprobantes y una pericia mecánica que permitió establecer la relación entre el combustible equivocado y los desperfectos.
El informe técnico explicó que la nafta puede provocar daños en el sistema de inyección de un motor diésel debido a la falta de lubricación adecuada. Además, describió las tareas necesarias para reparar el vehículo, entre ellas el vaciado del tanque, la limpieza del circuito y el reemplazo de filtros y otros componentes, según el alcance de los daños.
A partir de las pruebas reunidas, el magistrado concluyó que el error en la carga había quedado acreditado y que la estación de servicio no había demostrado que el desperfecto se debiera a una causa diferente.
La sentencia fijó $3.500.000 por los daños materiales del automóvil, $210.000 por la imposibilidad de utilizarlo durante el período de reparación y $1.800.000 por daño moral.
A esos conceptos se sumó una multa civil de $1.500.000 en concepto de daño punitivo. Para establecerla, el juzgado tuvo en cuenta la falta de una respuesta efectiva de la empresa frente al reclamo, la deficiente prestación del servicio y la necesidad de desalentar conductas que perjudiquen a los consumidores.
El fallo encuadró el caso dentro de una relación de consumo y remarcó que los proveedores tienen la obligación de brindar un servicio adecuado y responder por los daños que ocasionen. También consideró que la empresa estaba en mejores condiciones técnicas y documentales para aportar información sobre lo sucedido.
En ese sentido, el tribunal descartó que el hecho de que el conductor hubiera avanzado una cuadra después de retirar el vehículo del taller fuera suficiente para desligar a la estación de servicio de los daños. Sostuvo que no podía exigírsele al consumidor que contara con conocimientos técnicos especializados para determinar si el sistema de combustible había sido limpiado correctamente.
La condena total asciende a $7.010.000, sin contar los intereses correspondientes, que deberán calcularse desde el momento del hecho conforme a los criterios establecidos en la resolución. La empresa también deberá afrontar las costas del juicio.
De esta manera, el caso ocurrido en Pergamino vuelve a poner el foco en la responsabilidad de los proveedores ante errores en la prestación de servicios y en las consecuencias económicas que pueden derivarse cuando un reclamo de un consumidor no recibe una respuesta adecuada.
