Madre e hija, ambas policías, ratificaron ante la Justicia que el jefe de Gabinete mantiene una deuda por un préstamo inicial de USD 100 mil. El fiscal avanza sobre el origen de los fondos y la ruta del dinero en operaciones inmobiliarias.
Las dos policías que figuran como acreedoras de Manuel Adorni declararon ante la Justicia que el jefe de Gabinete mantiene una deuda de USD 70 mil más intereses, con vencimiento previsto para noviembre de este año. Se trata de Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, madre e hija, quienes fueron citadas como testigos por el fiscal federal Gerardo Pollicita en el marco de la investigación.
Ambas se presentaron en los tribunales de Comodoro Py a las 8:20 y se retiraron cerca de las 11:30, tras aportar documentación, chats y detalles sobre el préstamo otorgado al funcionario. Según indicaron, evitaron realizar declaraciones públicas, pero ratificaron ante el fiscal los términos del acuerdo.
Las mujeres figuran como prestamistas de USD 100 mil que Adorni tomó con garantía hipotecaria sobre un departamento ubicado en la avenida Asamblea, en el barrio porteño de Parque Chacabuco. Molina, comisario retirada, aportó USD 85 mil, mientras que su hija, contadora de profesión aunque actualmente en funciones dentro de la fuerza, contribuyó con los USD 15 mil restantes.
De acuerdo con lo reconstruido por fuentes judiciales y publicado por Infobae, el funcionario se comprometió a devolver el dinero en un plazo de dos años con un interés anual del 11%. En ese marco, comenzó a pagar cuotas mensuales de USD 900 en concepto de intereses desde noviembre de 2024.
Con el paso de los meses, el esquema de pagos se modificó. Tras cancelar USD 30 mil del capital, el monto mensual descendió a USD 600. Según precisaron las acreedoras ante la fiscalía, la deuda remanente asciende actualmente a USD 70 mil.
Investigación sobre el origen de los fondos y nuevas citaciones
El expediente también busca esclarecer el destino del dinero prestado. Según pudo reconstruir Infobae en base a fuentes del caso, los USD 100 mil habrían sido utilizados para la compra de una propiedad en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. La operación se habría concretado ese mismo mes.
En esa transacción, la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, habría depositado el dinero en una sucursal del Banco Galicia para luego transferirlo al vendedor del inmueble. La operatoria quedó bajo análisis judicial dentro de la reconstrucción de la ruta del dinero.
El rol de la escribana Adriana Nechevenko también aparece en el expediente. Según consta en la causa, habría sido quien vinculó a las partes para concretar el préstamo. De hecho, un mensaje de WhatsApp enviado por la profesional a una de las acreedoras quedó incorporado como prueba.
Ante este escenario, el fiscal Pollicita impulsó medidas para determinar la capacidad económica de todos los involucrados. El juez Ariel Lijo hizo lugar al pedido y ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Adorni, su esposa y las prestamistas.
La Justicia solicitó información a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para analizar la situación patrimonial y verificar si los fondos utilizados en los préstamos y operaciones inmobiliarias cuentan con respaldo económico suficiente.
Las propias acreedoras adelantaron explicaciones sobre el origen del dinero. Indicaron que proviene de ahorros personales, sumados a ingresos obtenidos a partir de un juicio sucesorio y una demanda por diferencias salariales tras el fallecimiento del esposo de Molina.
La causa continuará esta semana con nuevas declaraciones. El miércoles deberán presentarse las jubiladas Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo, quienes vendieron a Adorni un departamento en Caballito. En esa operación, el funcionario entregó USD 30 mil y acordó abonar USD 200 mil restantes sin intereses, con vencimiento en noviembre próximo.
Además, fue citado Pablo Feijoo, hijo de una de las vendedoras, quien intervino en la negociación y deberá comparecer ante la Justicia el 22 de abril. La investigación se centra ahora en reconstruir con precisión los circuitos financieros detrás de las transacciones inmobiliarias vinculadas al funcionario.
