En busca de resolver las diversas situaciones de unos 140 ex trabajadores del laboratorio clausurado por la ANMAT en medio de la causa por el fentanilo contaminado, la delegación regional del Ministerio de Trabajo bonaerense lleva convocadas dos audiencias de conciliación. Ambos intentos naufragaron: nadie se presentó por la empresa, cuyos representantes legales ya se habían desvinculado.
De la redacción de EL NORTE
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Lo consignó oportunamente EL NORTE: la clausura en mayo pasado de Laboratorios Ramallo SA en medio del escándalo sanitario del fentanilo contaminado, también implicó un conflicto laboral a ser resuelto. La situación afecta a más de un centenar de ex trabajadores de la empresa del ahora detenido Ariel García Furfaro, que operaba en el parque industrial Comirsa de Ramallo, muchos de los cuales ni siquiera saben si deben considerarse despedidos, suspendidos o cuál otra pueda ser su situación laboral. Tampoco recibieron liquidaciones ni indemnizaciones.
“A raíz del caso de fentanilo contaminado que tomó estado público meses atrás, el laboratorio cesó sus actividades, y como consecuencia directa perdimos nuestras fuentes de trabajo. Desde aproximadamente el mes de abril del presente año hasta el día de la fecha, no hemos recibido respuesta ni solución alguna respecto de nuestra situación laboral”, indicaron los ex trabajadores en un comunicado remitido a EL NORTE.
A propósito de tal situación, desde la delegación regional San Nicolás del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires explicaron a este medio que esa instancia oficial tomó la situación particular de cada uno de los cerca de 140 ex trabajadores del laboratorio (en los papeles, empleados de la firma Alpharma SA).
Según explicaron, las actuaciones oficiales incluyeron asesoramiento a los trabajadores, promoviendo en primer término la inclusión de cada uno de ellos en el régimen de subsidios por desempleo: instancia previa a la gestión de las correspondientes liquidaciones e indemnizaciones.
Marcelo Herrera, titular de la delegación ministerial con sede en Bolívar 107 de San Nicolás, también convocó en dos oportunidades a las partes, en sendas audiencias de conciliación que naufragaron una y otra vez por el mismo motivo: los representantes legales de Alpharma SA, inscriptos en los registros ministeriales como tales, también habían roto sus vínculos con las empresas de García Furfaro en medio del escándalo. Las convocatorias habían sido para el 4 y para el 14 de agosto. Tras las audiencias de conciliación con incomparecencia de representantes de la empleadora, el Ministerio cerró aquel mismo 14 el expediente administrativo: circunstancia que no anuncia nada bueno para los intereses de los trabajadores inmersos en el intrincado y complejo conflicto laboral.
“Además de quedar desempleados de manera repentina, no hemos percibido la liquidación correspondiente que por ley nos corresponde. Esta falta de cumplimiento por parte de la empresa agrava nuestra situación económica y social, afectando directamente a nuestras familias. No pedimos más que lo que nos corresponde por derecho: el pago de nuestras liquidaciones y una respuesta clara sobre nuestra situación laboral”, habían indicado a EL NORTE los ex trabajadores.
