Un nuevo estudio de la Oficina de ONU Mujeres en la Argentina aporta la primera estimación nacional de su impacto económico y muestra que la violencia contra las mujeres limita las oportunidades de este colectivo y el desarrollo del país. La evidencia señala que invertir en prevención, protección y acceso a servicios contribuye a reducir los costos asociados en salud, justicia y trabajo.
De la Redacción de EL NORTE
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El informe “Costo de la violencia contra las mujeres”, publicado por la Oficina de ONU Mujeres en la Argentina, indica que la violencia de género tiene un costo económico mayor que el del sostenimiento de las políticas públicas vinculadas a su prevención. El relevamiento sostiene que el costo de la violencia contra las mujeres representó entre el 0,8% y el 2,1% del Producto Bruto Interno (PBI), de acuerdo con los escenarios de cálculo propuestos y según los costos del uso efectivo de los servicios. Se trata de un impacto anual para el país similar al presupuesto destinado a Justicia o a Defensa y Seguridad.
En términos monetarios, ONU Mujeres estima que el costo de no abordar estratégicamente la violencia contra las mujeres en la Argentina osciló entre $1,48 billones y $3,96 billones en 2023, a valores de diciembre de ese año, según el escenario de cálculo utilizado. No se trata de una cifra que el Estado haya destinado a políticas de género, sino de una estimación de los recursos y la actividad económica afectados por las consecuencias de la violencia.
“En América Latina y el Caribe, la evidencia demuestra que los costos asociados a la violencia contra las mujeres superan, en muchos casos, los niveles de inversión pública en áreas estratégicas como la educación o la asistencia social”, postuló en su documento.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se hizo eco recientemente de este y otros estudios afines y analizó que dejan un mensaje claro: “Prevenir la violencia contra las mujeres no solo es fundamental para garantizar el derecho de todas las personas a vivir una vida plena y segura. También es clave para reducir los costos que esta violencia impone a las personas, las familias, las empresas y las economías en su conjunto”.
EL 45% DE LAS ARGENTINAS LA SUFRIÓ
El relevamiento de la ONU sostiene que el 45% de las mujeres argentinas encuestadas atravesó algún tipo de violencia física, sexual, psicológica y/o económica-patrimonial por parte de su pareja a lo largo de su vida, donde la violencia psicológica (42%) fue la más frecuente. Asimismo, el 23% declaró haber sufrido violencia económica o patrimonial; el 23%, violencia física; y el 18%, violencia sexual. El estudio alcanzó a 12.512 mujeres de entre 18 y 65 años residentes en áreas urbanas de 12 provincias, y analizó hechos de violencia cometidos por parejas o exparejas en el marco de relaciones heterosexuales.
En la introducción de su informe, la ONU determina: “La violencia contra las mujeres constituye una violación a los derechos humanos y un obstáculo estructural para el desarrollo sostenible, la igualdad de género y la reducción de la pobreza”. En este sentido, sostiene que, además de desatar “profundas consecuencias físicas, psicológicas y sociales, la violencia tiene un impacto económico significativo sobre las mujeres, las familias y el conjunto de la sociedad”.
METODOLOGÍA
Para elaborar la estimación, los investigadores consideraron tres componentes: los costos jurídico-administrativos, los gastos sanitarios y las jornadas laborales perdidas. El primero incluye, entre otros aspectos, intervenciones policiales, asesoramiento legal y procesos judiciales; el segundo abarca prestaciones médicas y psicológicas; y el tercero incorpora las ausencias laborales y el tiempo que las mujeres deben destinar a recibir atención o realizar trámites.
En tanto, la metodología contempla distintos escenarios. El mínimo estima los costos asociados al uso efectivo de determinados servicios institucionales, mientras que el máximo considera qué ocurriría si todas las mujeres sobrevivientes accedieran a las prestaciones previstas.
Por esto aclararon que el rango no tiene que interpretarse como una cifra exacta ni como una proyección automática de lo que el país gastará en el futuro, sino como una aproximación a la magnitud económica del problema.
Además, los propios autores advierten que la estimación es conservadora. Es decir, que dejaron fuera del cálculo, entre otros factores, los costos intangibles del sufrimiento emocional, algunas consecuencias de largo plazo sobre la productividad y los efectos que la violencia puede tener sobre las trayectorias educativas y laborales de los hijos, y otros factores. Tampoco se incorporan todos los gastos privados ni la totalidad de los recursos destinados a prevención. El impacto, por lo tanto, no se agota en las cifras presentadas. Las conclusiones se orientan a la urgente necesidad de invertir en herramientas para combatir la violencia de género.
“En América Latina y el Caribe, una de cada cuatro mujeres ha experimentado violencia física y/o sexual de su pareja a lo largo de su vida. Medir estos costos permite dimensionar su impacto económico y aportar evidencia para las discusiones sobre prioridades, presupuestos y políticas públicas”, evaluó el BID al publicar este mes investigaciones afines a la reciente de ONU Mujeres.
