La Unidad de Información Financiera sostiene que la empresa Los Sauces recibió fondos de los grupos Báez e Indalo mediante operaciones inmobiliarias presuntamente simuladas. En el juicio oral, el organismo atribuyó a Cristina Kirchner la conducción de la maniobra y a su hijo Máximo un papel central en su ejecución.
La Unidad de Información Financiera (UIF) aseguró que el 88% de la facturación de Los Sauces, la inmobiliaria perteneciente a la familia Kirchner, provino de operaciones que habrían permitido lavar dinero de la corrupción vinculada con la obra pública. La acusación forma parte del juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces, en el que se investigan los negocios privados de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo con empresas que recibieron contratos y beneficios del Estado.
El organismo identificó ingresos por más de 25,9 millones de pesos, correspondientes al período investigado, provenientes de compañías vinculadas con los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, además de otra firma que administró propiedades de la familia. Según publicó Infobae, la UIF considera que esos movimientos comerciales permitieron incorporar fondos de presunto origen ilícito al patrimonio familiar mediante contratos de alquiler y otras operaciones inmobiliarias.
La acusación sostiene que Cristina Kirchner encabezó una asociación ilícita que habría funcionado entre mayo de 2003 y diciembre de 2016. También le atribuye haber organizado, entre enero de 2009 y marzo de 2016, un mecanismo de lavado de activos mediante Los Sauces, sociedad que la exmandataria constituyó en noviembre de 2006 junto con Néstor Kirchner y su hijo Máximo.
Los investigadores reconstruyeron ingresos por 6.851.650 pesos provenientes de empresas de Báez, otros 18.554.725 pesos aportados por compañías del grupo Indalo y 561.665 pesos correspondientes a la firma Idea. La UIF sostiene que esas transferencias explicaron casi nueve de cada diez pesos facturados por Los Sauces y que los contratos comerciales funcionaron como una herramienta para justificar el ingreso del dinero.
Las propiedades y operaciones que investiga la Justicia
La investigación también puso bajo análisis la adquisición de distintos inmuebles en Buenos Aires y Santa Cruz, algunos de los cuales terminaron alquilados a las mismas empresas que mantenían vínculos comerciales con el Estado. Entre esas operaciones figura la compra de un departamento de 426 metros cuadrados en Puerto Madero, financiada con aportes de capital de Néstor y Cristina Kirchner, que posteriormente utilizaron compañías del grupo Indalo.
Otra de las operaciones cuestionadas corresponde a un terreno de Río Gallegos que la expresidenta incorporó al patrimonio de Los Sauces en 2008. Sobre esa propiedad, una constructora vinculada con Báez levantó un complejo de cuatro departamentos que después alquiló otra firma del mismo grupo empresario, una secuencia que la UIF considera parte del mecanismo investigado.
El organismo también señaló diferencias entre los precios de adquisición de determinadas propiedades y sus valores de mercado. Entre los casos mencionados figura el Hotel La Aldea del Chaltén, comprado por 200.000 pesos cuando su tasación comercial alcanzaba los 2.890.000 pesos, además de terrenos adquiridos en El Calafate y otras operaciones que los investigadores consideran irregulares.
El papel de Máximo Kirchner y la continuidad del juicio
La UIF atribuyó a Máximo Kirchner el papel de organizador de la presunta asociación ilícita y lo identificó como uno de los principales responsables de administrar los negocios inmobiliarios familiares. El diputado nacional presidió Los Sauces desde su constitución, intervino en compras de propiedades, firmó contratos de alquiler y participó en decisiones societarias que ahora forman parte de la acusación.
De acuerdo con la reconstrucción publicada por Infobae, el organismo también cuestionó la intervención de Máximo en la transferencia de un terreno de Río Gallegos que Austral Construcciones habría entregado gratuitamente a Los Sauces mediante una compraventa simulada por 97.000 dólares. La UIF sostiene que el legislador gestionó operaciones con empresas contratistas y autorizó movimientos de fondos que terminaron beneficiando económicamente a los integrantes de la familia.
Florencia Kirchner, en cambio, no enfrenta este juicio porque la Cámara Federal de Casación Penal dispuso su sobreseimiento, que quedó firme hace tres años. Su participación en la sociedad comenzó después de la muerte de Néstor Kirchner, cuando heredó parte de las acciones de la compañía familiar.
El Tribunal Oral Federal N.º 5 continuará con la lectura del requerimiento de elevación a juicio presentado por la UIF y posteriormente avanzará sobre las acusaciones correspondientes a Hotesur. Una vez concluida esa etapa, los imputados serán convocados a Comodoro Py para prestar declaración, mientras el proceso judicial deberá determinar si las operaciones investigadas constituyeron maniobras de lavado de activos, tal como sostiene la acusación.
