La UCR blanquea su apoyo a la reforma laboral y marca límites.
La Unión Cívica Radical (UCR) salió públicamente a respaldar el proyecto de modernización laboral impulsado a nivel nacional y detalló que, en los últimos cinco años, el partido presentó más de 60 iniciativas vinculadas a la actualización de las normas de trabajo. El posicionamiento se conoció a través de una publicación en redes sociales, donde la conducción partidaria y los legisladores nacionales reivindicaron el trabajo conjunto realizado en el Congreso.
Desde el radicalismo sostienen que el eje de la discusión debe estar puesto en las pequeñas y medianas empresas, al advertir que son el principal motor de generación de empleo en el país. “Cuidar a las Pymes es cuidar al trabajo”, subrayaron, al tiempo que recordaron que el 98% de los puestos laborales son creados por este segmento productivo. En ese marco, la fuerza política ratificó su concepto de “modernización laboral” frente a la noción de “reforma” asociada al recorte de derechos.
Entre las propuestas difundidas, la UCR impulsa la creación de un Fondo de Asistencia Laboral exclusivo para Pymes, con el objetivo de reducir el costo de contratación sin desfinanciar el sistema previsional. También promueve que la cuota sindical sea voluntaria y que el esquema de indemnizaciones incorpore el aguinaldo y las vacaciones, buscando –según señalan– brindar mayor previsibilidad tanto a trabajadores como a empleadores.
Condiciones, límites y puntos que la UCR no está dispuesta a negociar
La UCR marcó, además, los alcances que considera razonables para la reforma y los aspectos que rechaza de plano. El partido se manifestó en contra de la derogación del Estatuto del Periodista Profesional y del desfinanciamiento del cine nacional, dos puntos que generaron una fuerte reacción en el ámbito cultural y sindical. En este sentido, el radicalismo intenta equilibrar su apoyo a la modernización con la defensa de ciertos marcos regulatorios históricos.
El espacio centenario advirtió que la actual normativa laboral responde a una lógica del siglo XX y que no contempla adecuadamente la realidad productiva y tecnológica del país. “Las Pymes no pueden contratar trabajadores. Hay 9 millones de trabajadores informales y, en los últimos años, aumentaron un 135% los juicios laborales”, plantearon, al justificar la necesidad de cambios que reduzcan la litigiosidad y fomenten la creación de empleo formal.
- Limitación de mandatos sindicales a una sola reelección y exigencia de declaraciones juradas patrimoniales para los dirigentes gremiales.
- Ampliación de licencias de paternidad y establecimiento de un sistema de corresponsabilidad en las tareas de cuidado, incluyendo una licencia familiar de 30 días.
- Reconocimiento de nuevos derechos y regulaciones específicas para quienes trabajan en plataformas digitales, un sector en crecimiento y con alta informalidad.
“En los últimos 5 años la UCR propuso más de 60 proyectos, apuntando a reducir el riesgo, incentivar la inversión y crear empleo formal”, remarcaron desde el partido, al reforzar que su apoyo al proyecto oficial se apoya en una agenda previa de iniciativas propias.
Con este pronunciamiento, la UCR busca consolidar su perfil como actor clave en la discusión sobre la reforma laboral, intentando posicionarse como un espacio que acompaña la actualización del régimen de trabajo, pero que a la vez fija límites en defensa de determinados derechos laborales, culturales y profesionales. El debate legislativo definirá hasta dónde se plasman estas condiciones en la letra final de la ley.
