María Emilia Subiza, la única nicoleña en el Senado de la provincia de Buenos Aires, junto a su compañero del bloque de Hechos, Marcelo Leguizamón, presentaron un proyecto a favor de la baja de la edad de imputabilidad. Se trata de un proyecto de declaración que vehiculiza una expresión de beneplácito para que toda la Cámara se expida a favor de la reforma penal juvenil.
De la Redacción de EL NORTE
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Por estas horas, y con media sanción en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, la baja de edad de imputabilidad es tema caliente en la política nacional, provincial y local. En ese marco, si bien aún no hay fecha para una próxima sesión, la senadora bonaerense María Emilia Subiza, la única nicoleña que pertenece a la Cámara Alta provincial, presentó un proyecto a favor de este tema.
Lo hizo junto a su compañero de bloque, Marcelo Leguizamón, el primero en pasarse a Hechos tras las elecciones del 7 de septiembre. La incursión de los Passaglia con sello propio dejó entrever una disconformidad de muchas fuerzas con los partidos con los cuales asumieron sus bancas. Además de Leguizamón y Quintana, hay todavía rumores de crecimiento de Hechos en el Senado bonaerense.
Ubicado en la ciudad de La Plata, en Calle 49, entre Av. 7 y Calle 8, la Honorable Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires recibió, por mesa de entrada, el proyecto redactado por el flamante bloque de color rosa. Fue presentado el mismo día en que el intendente Santiago Passaglia publicó un video en sus redes sociales, donde manifestó estar a favor de la baja de la edad de imputabilidad por los destrozos en las Escalinatas de la Costanera.
El proyecto
EL NORTE accedió al texto que presentaron Subiza y Leguizamón. En concreto, se trata de un proyecto de declaración. Particularmente, una expresión de beneplácito para que toda la cámara se expida a favor de lo que ya tuvo una aprobación importante en Diputados a nivel nacional, restando que se haga lo propio en el Senado nacional.
“La presente declaración tiene como finalidad expresar el beneplácito de esta Honorable Cámara por el debate que se está desarrollando a nivel nacional en torno a la actualización del régimen penal juvenil, y en particular respecto de la discusión sobre la edad de imputabilidad penal, una cuestión compleja, sensible y largamente postergada en la agenda pública argentina. La necesidad de revisar el régimen penal juvenil vigente surge de la evidente transformación de las dinámicas sociales, de los contextos de violencia y de las modalidades del delito que atraviesan a nuestra sociedad. En los últimos años, la participación de menores en hechos delictivos de extrema gravedad ha generado una profunda preocupación social, no solo por el impacto directo en la seguridad pública, sino también por las limitaciones que exhibe el marco normativo actual para brindar respuestas eficaces, justas y acordes a la gravedad de determinadas conductas. La inexistencia de herramientas adecuadas de intervención estatal frente a estos casos no favorece la protección integral de los adolescentes, ni contribuye a la reparación de víctimas, ni fortalece la confianza ciudadana en las instituciones”, comienzan los fundamentos del proyecto.
“En este sentido, resulta indispensable reconocer que la responsabilidad penal juvenil, lejos de constituir una negación de derechos, puede ser concebida como un componente necesario de un sistema integral de protección. La ausencia absoluta de responsabilidad no solo genera escenarios de impunidad, sino que también priva al Estado de la posibilidad de intervenir de manera temprana y efectiva, evitando la consolidación de trayectorias delictivas más graves en el futuro. Un régimen penal juvenil moderno debe, por lo tanto, establecer respuestas diferenciadas del sistema penal de adultos, con criterios de proporcionalidad, razonabilidad y adecuación a la edad y madurez del menor”, continúa.
Argumentaron que “la responsabilidad penal juvenil, lejos de constituir una negación de derechos, puede ser concebida como un componente necesario de un sistema integral de protección”.
Más argumentos
Y agrega: “El debate en curso ofrece, además, la oportunidad de superar falsas dicotomías que han condicionado históricamente la discusión pública, como la contraposición entre seguridad y derechos humanos. Un enfoque verdaderamente respetuoso de los derechos humanos no puede prescindir de la responsabilidad, del establecimiento de límites claros y de la protección de las víctimas. La vigencia de los derechos no se agota en el reconocimiento formal, sino que exige políticas públicas eficaces que garanticen su ejercicio real, tanto para quienes se encuentran en conflicto con la ley penal como para la sociedad en su conjunto. Asimismo, la revisión del régimen penal juvenil debe ser entendida como parte de una estrategia más amplia de políticas públicas orientadas a la prevención del delito y a la inclusión social. La escuela, la familia, los sistemas de salud, el abordaje de las adicciones, la recuperación del espacio público y la lucha contra el narcotráfico constituyen dimensiones inseparables de cualquier reforma normativa en esta materia. Ninguna modificación legal, por sí sola, puede resolver un fenómeno de carácter estructural, pero ello no justifica la inacción ni la postergación indefinida de debates necesarios”.
“Finalmente, corresponde destacar que abordar con responsabilidad el debate sobre la edad de imputabilidad penal implica asumir el rol indelegable del Estado en la garantía de la seguridad pública, la administración de justicia y la protección integral de derechos. Expresar beneplácito por este debate no supone adoptar una posición cerrada o dogmática, sino reconocer la necesidad de discutir, con seriedad y sin negaciones, un problema real que interpela a toda la sociedad”, culmina el texto.
