La Provincia busca llevar calma en medio del conflicto por el Bono Verde
NewsITe
El Gobierno de La Rioja salió a desactivar las versiones que advertían sobre un posible embargo de activos estratégicos de la provincia en el marco del conflicto con bonistas internacionales. En un mensaje institucional, las autoridades provinciales ratificaron su voluntad de pago, defendieron el uso de los fondos del denominado Bono Verde y apuntaron a la falta de transferencias de la Nación como principal origen de las dificultades financieras actuales.
La definición se conoció durante una conferencia de prensa realizada en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, encabezada por el jefe de Gabinete, Juan Luna Corzo. Allí, el funcionario remarcó que no existe riesgo de ejecución ni sobre el Banco Rioja ni sobre el Parque Eólico Arauco, dos de los activos que se mencionaron en publicaciones de medios nacionales e internacionales como eventuales blancos de medidas judiciales.
Luna Corzo sostuvo que las interpretaciones que circularon en los últimos días “distorsionan” la situación real de las finanzas riojanas. Si bien reconoció atrasos en el pago del Bono Verde, señaló que la provincia se encuentra inmersa en un proceso de reestructuración de esa deuda en tribunales de Estados Unidos y negó de plano un escenario de colapso o pérdida de patrimonio público.
Reestructuración de la deuda y defensa del Bono Verde
El jefe de Gabinete explicó que las dificultades de pago comenzaron el año pasado y derivaron en la decisión de iniciar formalmente una reestructuración de los compromisos con los acreedores. El objetivo central, dijo, es acordar una nueva curva de vencimientos que resulte sostenible tanto para los bonistas como para el Tesoro provincial, sin desconocer las obligaciones asumidas.
En ese marco, la demanda radicada en tribunales de Nueva York forma parte del escenario de negociación, mientras que los acreedores intentan ampliar el litigio a la justicia del estado de Massachusetts. Pese a ello, desde el Ejecutivo provincial remarcan que, de acuerdo con el asesoramiento de sus equipos legales, la soberanía nacional impide la ejecución en territorio argentino de eventuales sentencias dictadas en el exterior.
Al mismo tiempo, el Gobierno riojano reivindicó al Bono Verde como una herramienta de inversión productiva y no como deuda destinada a financiar gasto corriente. Según detalló Luna Corzo, los recursos se volcaron al desarrollo de infraestructura energética a través del Parque Eólico Arauco, que hoy cuenta con una capacidad de 250 megavatios (MW) de generación eólica.
Parque Eólico Arauco y proyecciones energéticas
El funcionario adelantó que en abril se incorporarán otros 50 MW de energía solar, lo que elevará la capacidad total del complejo a 300 MW. De ese volumen, recordó, 100 MW fueron transferidos años atrás a una empresa privada, mientras que el resto continúa bajo control provincial. Los ingresos generados por el proyecto, sostuvo, se reinvirtieron en su ampliación, por lo que recién hacia fines de este año y con mayor claridad desde 2027 se esperan resultados positivos netos.
- Capacidad actual: 250 MW de energía eólica.
- Ampliación prevista: 50 MW solares desde abril, para llegar a 300 MW.
- Control mixto: 100 MW en manos privadas y el resto bajo órbita provincial.
“No está en la voluntad de la provincia permanecer indefinidamente en el incumplimiento. Nuestra intención es reestructurar la deuda en condiciones que den seguridad tanto a los bonistas como a La Rioja”, subrayó Juan Luna Corzo.
En paralelo, el Gobierno provincial volvió a cargar responsabilidades sobre la Nación al señalar que los problemas financieros están directamente relacionados con la falta de envío de fondos que, afirman, le corresponden legítimamente a La Rioja. Se trata de transferencias y partidas extracoparticipables previstas en presupuestos anteriores que, según la administración riojana, fueron discontinuadas, lo que motivó una demanda ante la Corte Suprema hace más de dos años.
Mientras avanza el frente judicial tanto en el país como en el exterior, la Casa de Gobierno insiste en que mantiene abierta la vía del diálogo. El mensaje oficial combina, así, una ratificación de la voluntad de pago y de la continuidad del proceso de reestructuración con un intento de brindar certezas a la sociedad y a los mercados respecto de la estabilidad de los activos provinciales.
