La Rioja denuncia a Milei por presunto desvío de $1 billón

La Rioja avanza en la Justicia por fondos viales del SisVial

Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, durante un acto oficial

NewsITe

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, presentó una denuncia penal contra el Gobierno nacional de Javier Milei por el presunto desvío de más de $1 billón del Sistema Vial Integrado (SisVial), fondos originalmente destinados a la financiación de obras viales estratégicas. La provincia, además, se constituyó como querellante en la causa, lo que le permite impulsar activamente la investigación judicial.

La presentación fue realizada en los tribunales federales con el patrocinio del abogado y dirigente peronista Jorge Yoma, ex diputado y ex senador nacional. La acusación apunta directamente contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y otros funcionarios que habrían intervenido en el manejo de estas partidas destinadas a infraestructura vial.

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Según la denuncia, los funcionarios serían responsables de los presuntos delitos de defraudación en perjuicio de la Administración Pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública. La querella también pide que se analicen todas aquellas figuras penales que pudieran surgir a medida que avance la investigación.

El destino de los fondos y el impacto en las obras

El caso tomó mayor visibilidad luego de declaraciones del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien en un encuentro en La Pampa habría admitido que una parte de los recursos del SisVial se utiliza para apuntalar el equilibrio fiscal del Gobierno nacional. De acuerdo con la información difundida, una porción significativa de esos fondos permanecería invertida en instrumentos financieros, como títulos públicos y plazos fijos, y no afectada a las obras para las que fueron previstos.

Desde La Rioja sostienen que este cambio en el destino de los recursos generó un “grave perjuicio” por la paralización de proyectos viales considerados clave, tanto para la provincia como para el desarrollo productivo del país. Entre las obras afectadas, se destaca el Corredor Bioceánico que une La Rioja, Chilecito y el paso internacional de Pircas Negras con la República de Chile, una traza señalada como estratégica para el comercio exterior argentino hacia el Pacífico.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Jorge Yoma detalló que la provincia acompañó la denuncia con documentación y otros elementos probatorios que buscarán acreditar el freno de las obras y el supuesto desvío de las partidas. El Gobierno riojano sostiene que la interrupción del Corredor Bioceánico afecta tanto la conectividad regional como la competitividad de las economías del NOA y Cuyo.

Antecedentes y lo que viene en la causa

La presentación de La Rioja se suma a otra denuncia penal que había sido impulsada por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, también vinculada al manejo de los recursos del SisVial y a la paralización de obras viales en distintas provincias. Con esta nueva querella, el expediente gana volumen político e institucional y aumenta la presión para que la Justicia determine si hubo irregularidades en la utilización de los fondos.

  • Se investigará el destino de más de $1 billón del Sistema Vial Integrado.
  • La causa alcanza al presidente Javier Milei, al ministro Luis Caputo y otros funcionarios.
  • La Rioja reclama por la paralización de obras estratégicas, como el Corredor Bioceánico.
  • La provincia se presentó como querellante, lo que le otorga un rol activo en el proceso.

“La paralización de las obras viales estratégicas constituye un grave perjuicio para La Rioja y para el país”, remarcó Jorge Yoma al difundir la presentación judicial en la red social X.

La Justicia federal deberá ahora determinar el recorrido de los fondos del SisVial, establecer si se desviaron de su destino original y definir las eventuales responsabilidades penales de los funcionarios involucrados. El avance de la causa se seguirá con atención desde las provincias, en un contexto de tensión política por la obra pública y el reparto de recursos entre la Nación y los distritos.

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