La reforma electoral de Milei, frenada entre internas y presión judicial

La eliminación de las PASO, eje de una pulseada que el Gobierno aún no resuelve

NewsITe

La reforma electoral que impulsa el Gobierno nacional, y que incluye la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), se mantiene virtualmente paralizada. Pese a que el presidente Javier Milei la señaló esta semana como una prioridad en la reunión de Gabinete, el proyecto no logra avanzar en el Congreso y se acumulan dudas tanto en el oficialismo como en la Justicia electoral.

En la Libertad Avanza reconocen que el principal obstáculo hoy es el contexto político. Gobernadores aliados y bloques dialoguistas en el Congreso sostienen que no es el momento para cambiar las reglas de juego o, directamente, defienden la continuidad de las primarias como mecanismo de ordenamiento de la oferta electoral. En ese marco, el oficialismo no consigue alinear una estrategia común.

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Dentro del propio espacio libertario conviven dos posturas. Por un lado, un sector que considera que el Gobierno está en condiciones de negociar sin resignar los puntos centrales del proyecto, línea en la que se enmarca la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Del otro lado aparece el ala más política, referenciada en la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, que presiona por abrir el debate cuanto antes, aceptando concesiones, para evitar que la iniciativa quede sepultada por la agenda económica y social.

Advertencias de la Justicia electoral por los tiempos de la reforma

Mientras el oficialismo discute su hoja de ruta, la Justicia electoral elevó el tono de sus advertencias. El juez federal Alejo Ramos Padilla y el presidente de la Suprema Corte bonaerense, Sergio Torres, instaron al Gobierno nacional, a la administración provincial y a los poderes legislativos a definir cualquier cambio al sistema electoral durante este año y no recién en 2027, cuando se dispute la próxima elección presidencial.

Ramos Padilla insistió en que las modificaciones deben resolverse en años no electorales para evitar alteraciones de último momento que puedan afectar la transparencia y la previsibilidad del proceso. El magistrado defendió abiertamente el esquema de PASO y el desdoblamiento de los comicios provinciales respecto de los nacionales, modalidad que, recordó, fue considerada un “éxito” en el cronograma del año pasado.

La posición de la Cámara Nacional Electoral y el antecedente porteño

En la misma sintonía se pronunció la Cámara Nacional Electoral, que a través de la Acordada Extraordinaria N° 155/26 reclamó al Congreso que respete los estándares internacionales de previsibilidad al discutir reformas sobre elecciones, partidos políticos y financiamiento de campañas. El tribunal subrayó la necesidad de contar con plazos razonables antes del inicio del año electoral para poder implementar correctamente los cambios y resguardar la integridad del próximo proceso comicial.

  • Respeto a los tiempos institucionales y a la estabilidad de las reglas de juego.
  • Claridad para electores, partidos y autoridades de control.
  • Evitar ensayos con sistemas simultáneos que compliquen la votación.

La Justicia también dejó trascender su inquietud por la eventual elección concurrente, que obligaría a la ciudadanía a votar con dos sistemas distintos al mismo tiempo. El caso de la Ciudad de Buenos Aires en 2023, con colas extensas y confusión generalizada, sigue presente como ejemplo de los riesgos de organizar comicios complejos sin la debida planificación.

“Lo ideal es que estas decisiones se tomen en años no electorales”, remarcó el juez Ramos Padilla, al defender a las PASO como una herramienta que ordena la competencia interna y la oferta electoral.

Con el reloj institucional en marcha, el Gobierno enfrenta el dilema de acelerar la negociación para evitar otro frente abierto con la Justicia electoral o postergar el debate y llegar a 2027 con un sistema que, al menos en el discurso, se propuso transformar de raíz.

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