Avance judicial en la causa por el viaje de Manuel Adorni
NewsITe
La investigación judicial que tiene en la mira al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo. Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se presentó en el edificio de la TV Pública, en la ciudad de Buenos Aires, para cumplir con una orden del juez federal Ariel Lijo y retirar documentación vinculada a contrataciones realizadas por la emisora estatal.
Según pudo reconstruirse a partir de fuentes judiciales, el requerimiento apunta a los contratos celebrados con la productora del periodista Marcelo Grandío, amigo personal de Adorni, en el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades en la relación entre el funcionario nacional y el comunicador.
La fiscalía intenta determinar si en torno a estos vínculos se configuraron los delitos de dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública. El origen de las sospechas está en un viaje privado a Punta del Este que Adorni habría compartido con Grandío. La hipótesis a esclarecer es si el pago del vuelo habría funcionado como una contraprestación encubierta por los contratos que el periodista mantiene con la TV Pública.
El procedimiento en el canal estatal no se limitó únicamente a conocer los montos de los contratos, sino que también abarcó el modo en que se controló el cumplimiento de las obligaciones laborales. La Justicia pidió información sobre los registros de ingresos y egresos de Grandío, así como la documentación respaldatoria de inasistencias y licencias, con el objetivo de chequear si la relación contractual se ajustó a las normas vigentes.
Qué documentación pidió la Justicia y qué se investiga
De acuerdo con las fuentes consultadas, la PSA retiró copias de contratos, órdenes de servicio, legajos internos y reportes de recursos humanos. Todo ese material será ahora analizado por el juzgado y la fiscalía para verificar la efectiva prestación de servicios, la cantidad de horas trabajadas y las tareas desarrolladas por la productora de Grandío.
- Contratos y convenios celebrados entre la TV Pública y la productora de Marcelo Grandío.
- Registros de ingreso, egreso y control horario del periodista en la emisora.
- Justificación de inasistencias, licencias y ausencias laborales.
- Informes internos sobre el seguimiento de las tareas contratadas.
Con estos elementos, el magistrado busca determinar si existió una estructura de beneficios irregulares, ya sea mediante pagos por servicios que no se habrían prestado, sobreprecios o un trato preferencial derivado de la relación personal entre Adorni y Grandío.
Fuentes judiciales explicaron que el eje de la pesquisa es esclarecer si el viaje a Punta del Este y los contratos en la TV Pública pueden encuadrar en un esquema de dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública.
La causa se encuentra en una etapa inicial de recolección de pruebas documentales y testimoniales. En los próximos días podrían ordenarse nuevas medidas, entre ellas la citación de funcionarios actuales y exdirectivos de la TV Pública, así como pedidos de movimientos bancarios y requerimientos de información a otros organismos del Estado. El expediente, que sigue bajo secreto parcial, es seguido de cerca en la Casa Rosada por el eventual impacto político que podría tener sobre la figura del jefe de Gabinete.
