Los gobernadores oficialistas y el presidente de la Nación sostienen que el fallo va en contra de las provincias Argentinas y que a su vez es de imposible cumplimiento.
Sus argumentos en contra del fallo a la coparticipación comienzan con que la ley 27.606 dictamina que la Ciudad de Buenos Aires recibe, como lo hace desde el año 2002, el equivalente al 1,4% del total de los fondos coparticipables y, además, el monto equivalente al costo de funcionamiento de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que se le transfirió en el año 2016.
Además, repudian el hecho de que se decidió aumentar dicho porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe.
Avalan que el dinero que llegaría a capital saldría del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación, afectando a todas las provincias de nuestro país.
Afirman que esta decisión esta pensada de cara al año electoral y que la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA.
Ante ello, el presidente de la Nación ha decidido instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a RECUSAR A LOS MIEMBROS DE LA CORTE SUPREMA y a presentar el pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución cautelar dictada.
Por su parte, los gobernadores y gobernadoras de las Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, al verse afectadas las mismas en forma directa por la arbitraria decisión adoptada por la CSJN, instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación de los ministros firmantes de dicha media cautelar y para que soliciten la revocación “in extremis” de la misma.
