El hombre sufrió un infarto mientras cumplía funciones en una planta metalúrgica. La Justicia consideró que la falta de atención médica inmediata agravó las secuelas y ordenó una indemnización superior a los $351 millones, además de una prestación mensual por gran invalidez.
La Justicia condenó a una aseguradora de riesgos del trabajo (ART) a indemnizar con más de $351 millones a un trabajador que sufrió un infarto mientras desempeñaba tareas en una fábrica metalúrgica y que, debido a la demora en recibir asistencia médica, quedó con cuadriparesia y severas limitaciones motoras.
El hecho ocurrió en noviembre de 2021. Mientras cumplía su jornada laboral, el operario comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho, mareos y un malestar general. Al dirigirse a la enfermería del establecimiento, comprobó que permanecía cerrada.
Ante la ausencia de asistencia médica y de una ambulancia en el lugar, sus compañeros decidieron trasladarlo en un remis hasta un sanatorio. Sin embargo, durante el trayecto el trabajador se descompensó y sufrió un paro cardíaco.
Como consecuencia del episodio, quedó con una grave afectación neurológica, cuadriparesia, importantes limitaciones motoras y la necesidad de asistencia permanente.
En el expediente se sostuvo que la falta de una respuesta rápida ante la emergencia fue determinante para el agravamiento del cuadro. La demanda fue presentada contra la empresa y la ART por daños y perjuicios.
Al analizar el caso, el Tribunal del Trabajo consideró que debía ser encuadrado como un accidente laboral por ocasión. Los jueces entendieron que, si bien la actividad desempeñada no provocó directamente el infarto, las condiciones en las que ocurrió el episodio dentro del ámbito laboral y la ausencia de atención médica adecuada agravaron el desenlace.
En la sentencia, el tribunal declaró la inconstitucionalidad de algunos artículos del régimen de riesgos del trabajo y rechazó el reclamo de reparación integral contra la ART por no acreditarse determinadas omisiones específicas. No obstante, hizo lugar al reclamo basado en las prestaciones previstas por el sistema de riesgos del trabajo.
De esta manera, la aseguradora fue condenada a pagar $285.980.239,88, suma que con los intereses asciende a $351.246.415,17. Además, deberá abonar una prestación mensual por gran invalidez, conforme a lo establecido en la Ley de Riesgos del Trabajo.
