La Pampa refuerza su sistema ante la crisis de salud mental
NewsITe
El gobierno de La Pampa, encabezado por Sergio Ziliotto, oficializó una emergencia en salud mental por un plazo de dos años, en un contexto de creciente demanda y marcada falta de especialistas. La medida, que se apoya en la Ley 3642 aprobada por unanimidad en la Legislatura provincial, busca reforzar de manera urgente la red pública de atención.
El plan prevé una inversión cercana a los $12.000 millones, la ampliación de la capacidad de internación y la creación de nuevos dispositivos de abordaje territorial. Según trascendió, se incorporarán 30 profesionales a la planta permanente y se realizarán obras de infraestructura en los hospitales Lucio Molas y René Favaloro, además de la puesta en marcha de cinco Centros de Día y refuerzos en Santa Rosa, General Pico, General Acha, Victorica, Guatraché y 25 de Mayo.
Sin embargo, el propio Gobierno provincial reconoció que hoy no cuenta con los recursos humanos suficientes para afrontar la situación. El subsecretario de Salud Mental y Adicciones, Martín Malgá, admitió que la psiquiatría es una especialidad crítica, con muy pocos profesionales disponibles, y adelantó que se recurrirá a la telemedicina para sumar equipos desde otras jurisdicciones.
La utilización de la atención remota podría ampliar el alcance del sistema, pero también deja en evidencia que La Pampa no está en condiciones de cubrir por sí sola la demanda originada por la emergencia que ella misma declaró. A pesar de que se anunció que habrá casi el doble de camas, la Provincia aún no detalló cuántas unidades de internación están activas hoy, cuántas personas permanecen en lista de espera ni cuáles son los tiempos promedio para obtener un turno.
Faltan datos clave y piden metas medibles
Especialistas y actores del sistema sanitario señalan que, sin información precisa, la emergencia corre el riesgo de quedar reducida a un enunciado político difícil de auditar. No se informó de manera desagregada qué localidades carecen de psiquiatras, cómo se distribuirán los nuevos cargos ni qué porcentaje del presupuesto se destinará a infraestructura, salarios, medicamentos y dispositivos comunitarios.
En este contexto, crece el reclamo para que el Ejecutivo publique una línea de base con indicadores claros: cantidad de camas disponibles, profesionales en funciones, tiempos de espera y cobertura territorial, entre otros puntos. También se pide definir metas trimestrales, plazos concretos para las obras, concursos transparentes para cubrir cargos y criterios de derivación entre localidades y niveles de atención.
Telemedicina, herramienta útil pero insuficiente
Otro eje de debate es el rol que tendrá la telemedicina. Si bien puede facilitar el acceso a consultas especializadas para poblaciones alejadas, profesionales advierten que no reemplaza guardias presenciales, equipos interdisciplinarios, seguimiento clínico ni la capacidad de intervenir frente a episodios agudos. La virtualidad, remarcan, es complementaria y no soluciona por sí sola la falta de psiquiatras.
La aprobación legislativa de la emergencia muestra que el diagnóstico trasciende disputas partidarias y es compartido por todo el arco político pampeano. La inversión anunciada aparece como un paso necesario, pero no borra la insuficiencia estructural del sistema que obligó a declarar la crisis. De aquí en adelante, la gestión de Ziliotto será evaluada menos por los anuncios y más por los resultados concretos: camas efectivamente habilitadas, profesionales incorporados, reducción de demoras y acceso a atención de calidad por fuera de los grandes centros urbanos.
La emergencia ya fue reconocida; el desafío ahora es demostrar que el Estado provincial puede construir un sistema de salud mental capaz de sostener la demanda más allá de estos dos años críticos.
Mientras la implementación del plan avanza, organizaciones vinculadas a la salud mental y familiares de pacientes seguirán de cerca el cumplimiento de las promesas oficiales, conscientes de que detrás de cada indicador hay personas que hoy esperan una respuesta efectiva del sistema público.
