El planteo incluye cuestionamientos al acceso al Boletín Oficial, al decreto de promulgación y al destino de los recursos percibidos.
El bloque de concejales de Hechos volvió a poner en el centro del debate público la presentación judicial contra la denominada tasa de mantenimiento de la red vial, conocida popularmente como “tasa al combustible”, al detallar el estado de la causa y cuestionar la falta de transparencia del Ejecutivo municipal en su implementación y difusión. A partir de declaraciones recientes, los ediles opositores señalaron que el Municipio ya comenzó a recaudar el tributo, aunque todavía hay empresas que no lo han liquidado, y advirtieron que no existen datos oficiales claros sobre los montos efectivamente percibidos.
Según relataron, el secretario de Hacienda confirmó que la recaudación estaría “dentro de los números previstos”, aunque sin precisar cifras. Para el bloque, esta situación genera incertidumbre entre los vecinos, ya que no se conoce con exactitud cuánto dinero ingresa ni cómo se administra. “La gente no tiene información concreta y eso debilita cualquier política pública”, expresaron.
La presentación judicial fue iniciada el 22 de diciembre y completada el 29 del mismo mes. Sin embargo, el trámite ingresó en feria judicial, lo que demoró su avance. Durante ese período, el expediente fue tomado por un juez de Junín, quien determinó que no existía urgencia suficiente para levantar la feria. Posteriormente, el caso regresó a los tribunales de San Nicolás de los Arroyos, donde actualmente se espera que sea tratado con normalidad. Desde Hechos sostienen que ahora la causa debe resolverse en esa jurisdicción y confían en que habrá novedades en las próximas semanas.
Uno de los principales reclamos del bloque está vinculado al acceso a la documentación oficial. La jueza interviniente solicitó el decreto de promulgación de la ordenanza que habilita la tasa, pero, según denunciaron, el Ejecutivo no lo entregó pese a reiterados pedidos. Además, indicaron que el Boletín Oficial no publica información desde febrero de 2025, lo que impide a los vecinos conocer el nuevo código tributario. “Es información pública y debería estar disponible de manera inmediata”, remarcaron.
Los concejales también cuestionaron las trabas administrativas para acceder a normativas y resoluciones. Aseguraron que cualquier vecino que intenta informarse se encuentra con demoras, respuestas evasivas o incluso con la exigencia de pagar tasas para obtener copias. Para el bloque, este escenario configura una política que limita el control ciudadano y debilita la transparencia institucional.
Otro eje central del planteo es el destino de los fondos recaudados. Desde Hechos sostienen que no se observan obras de magnitud en todo el partido de Ramallo que justifiquen el nivel de cobro. Si bien reconocieron intervenciones puntuales, como desagües pluviales o tareas de mantenimiento, consideraron que resultan insuficientes frente a los recursos obtenidos. “Se cobra mucho, pero no se ve reflejado en mejoras estructurales”, afirmaron.
En el plano político, el bloque reiteró que la tasa es injusta y que constituye un tributo “camuflado”, ya que el mantenimiento vial se estaría cobrando por tercera vez bajo distintas denominaciones. También rechazaron las acusaciones del oficialismo, que los señala por supuestamente obstaculizar el financiamiento municipal. “No estamos en contra del desarrollo, estamos defendiendo a los vecinos”, sostuvieron.
