Diputados buscan tratar la situación de Adorni en el Congreso
NewsITe
Diputados nacionales de distintos bloques opositores presentaron un pedido de sesión especial para el martes 23 de junio, a las 14, con el objetivo de interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y someterlo a una moción de censura. La iniciativa llega tras el último escándalo relacionado con su declaración patrimonial y la confesión pública de haber mantenido dinero no declarado ante el fisco.
El planteo parlamentario apunta, además, a requerir informes detallados sobre la evolución del patrimonio del funcionario, quien está investigado en una causa por presunto enriquecimiento ilícito que impulsa el juez federal Ariel Lijo junto al fiscal Gerardo Pollicita. En ese expediente se analizan, entre otros puntos, la compra de propiedades, refacciones millonarias y viajes al exterior.
El bloque de Unión por la Patria (UxP) fue uno de los impulsores centrales del pedido de sesión. A través de un mensaje en la red social X, el espacio sostuvo que “Adorni le mintió en la cara a los 47 millones de argentinos y a los 257 diputados nacionales” y reclamó aplicar el artículo 101 de la Constitución Nacional, que regula el régimen de responsabilidad política del jefe de Gabinete ante el Congreso.
Bloques que impulsan y bloques que se diferencian
La convocatoria a la sesión fue acompañada por el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, un sector importante de Provincias Unidas y las diputadas monobloquistas Natalia de la Sota y Marcela Pagano. Estos espacios consideran que la explicación de Adorni en torno a la procedencia de sus fondos no despeja las sospechas y que resulta indispensable que brinde respuestas inmediatas ante la Cámara baja.
En sentido contrario, el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo, el MID y la diputada Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) resolvieron no acompañar el pedido de sesión. Si bien algunos de esos sectores han expresado críticas a la demora en las explicaciones del jefe de Gabinete, evitaron por el momento escalar el conflicto institucional con el Gobierno.
“No hay más excusas posibles”: las voces opositoras
El diputado socialista Esteban Paulón, de Provincias Unidas, utilizó también X para remarcar que “no hay más excusas posibles” para dilatar la presencia del jefe de Gabinete en el Congreso. “Ante las nuevas revelaciones en la causa contra Adorni por enriquecimiento ilícito, insto a las y los diputados nacionales a avanzar en la interpelación y su posterior remoción por moción de censura”, señaló el legislador santafesino.
Su compañero de espacio Pablo Juliano definió el 23 de junio como “el día de la revelación”, al considerar que en esa fecha quedará en evidencia “quiénes son los verdaderos republicanos y quiénes son los que prefieren ser socios de la impunidad”. Para los impulsores del debate, la sesión será una prueba política clave para medir apoyos y lealtades dentro y fuera del oficialismo.
Confesión, criptoactivos y archivo incómodo
El núcleo del escándalo se originó en declaraciones públicas del propio Adorni, quien admitió haber ocultado al fisco cerca de medio millón de dólares. Según su descargo, ese capital proviene de una inversión privada de 200 mil dólares en Bitcoin, realizada entre 2014 y 2018, que le habría generado ganancias por 300 mil dólares.
Sin embargo, el archivo jugó en contra del funcionario: reaparecieron entrevistas de años anteriores en las que desaconsejaba el uso de criptoactivos por su volatilidad y riesgo, una postura que entra en tensión con la versión actual sobre el origen de su patrimonio. Estas contradicciones, sumadas a la demora en la presentación de su declaración jurada, reforzaron las sospechas y alimentaron la ofensiva política.
Presiones cruzadas y tensiones dentro del oficialismo
La controversia escaló cuando, en medio de la investigación judicial, Adorni anunció en sus redes que concurriría recién en julio al Senado para brindar su informe de gestión. El mensaje generó malestar no solo en la oposición, sino también en aliados habituales del Gobierno.
El PRO, uno de los socios políticos más cercanos al oficialismo, difundió un comunicado en el que reclamó que el jefe de Gabinete adelante su visita al Congreso y rinda cuentas antes de fin de mes. En la misma línea se pronunció la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien solicitó “en forma fehaciente y formal” que el funcionario se presente durante junio ante la Cámara alta.
El clima interno se tensó aún más cuando la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se despegó públicamente de la conducta de Adorni y la calificó como una “omisión ética grave”. En paralelo, la Justicia Federal analiza ampliar la imputación en su contra por presunta omisión maliciosa y falsificación de documentos públicos, delitos que podrían agravar su situación procesal.
Un caso que pone bajo la lupa el control institucional
Mientras la causa judicial avanza y la política se prepara para una sesión cargada de definiciones, el caso Adorni reabre el debate sobre los mecanismos de control del Congreso sobre los funcionarios del Poder Ejecutivo. La posible aplicación de la moción de censura, poco habitual en la práctica parlamentaria argentina, sumará un ingrediente institucional de alto voltaje a una disputa que ya excede la figura del jefe de Gabinete y se proyecta sobre la estabilidad del propio Gobierno.
